Aborto legal

Organizarse para garantizar derechos: el lugar fundamental de quienes trabajan en Salud ante las situaciones de aborto

El 17 y 18 de junio tendrá lugar en Neuquén Capital el 5° Encuentro Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Por Guillermina Peralta – Colectiva Feminista La Revuelta*

Son días cargados para las agendas del feminismo y el movimiento de mujeres. El 28 de mayo se realizaron diferentes actividades por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El 3 de junio nuevamente tuvo lugar una jornada de lucha y visibilización del hartazgo frente a la crueldad de las violencias machistas, con la proclama unificada: “Ni una menos- Vivas nos queremos – El estado es responsable”.

La demanda de acceso a abortos seguros tiene centralidad entre las exigencias cotidianas: es una cuestión de salud poder abortar de forma segura cuando por múltiples motivos las mujeres y personas con capacidad de gestar deciden no continuar con un embarazo. A su vez, es violencia estatal mantener la ilegalidad del aborto, que en Argentina es la principal causa de muerte de mujeres gestantes, siempre, y no por casualidad, las más empobrecidas económicamente.

Los abortos insisten, acontecen cotidianamente más allá del intento de prohibirlos y silenciarlos. En el camino de desclandestinizar y despenalizar la práctica, se embarcan también trabajadoras y trabajadores de salud articulados en la Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir que se reunirán en su quinto encuentro nacional este 17 y 18 de junio, en Neuquén Capital.

Estos espacios resultan centrales para socializar las estrategias y accionar que se dan las y los trabajadores en hospitales y centros de salud en los que los abortos se hacen presentes de diferentes maneras. Mujeres con procesos de aborto en curso que recurren a las guardias médicas, frente a las que resulta central habilitar atenciones empáticas que se alejen de la moralización y los prejuicios. Mujeres que manifiestan el deseo de interrumpir sus embarazos en los consultorios, situación que implica no sólo trascender la indiferencia y los juicios personales, sino poder reconocer la salud de manera integral– tal como la plantean las normativas vigentes- y encausar esos abortos dentro de las causales de legalidad ya sea por cuestiones económicas, sociales o de bienestar emocional. Mujeres que acuden a los hospitales y centros de salud porque fueron violadas, situaciones en las que deben garantizarse los abortos sin poner en cuestión su palabra ni exigir denuncia previa.

Existen en Argentina causales de aborto legal que deben ser garantizadas. Se encuentran explicitadas en el Código Penal: cuando el embarazo es producto de una violación o en caso de que ponga en riesgo la vida y la salud de las mujeres. En 2015 se aprobó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que apunta a garantizar el derecho a abortar como parte de los derechos humanos y desde una perspectiva de salud integral. Con claridad el Protocolo ILE señala que debe ser aplicado en todo el territorio argentino y estandariza cuáles son las mejores prácticas para ser llevadas adelante por las instituciones sanitarias públicas y privadas y el personal que allí se desempeña.

En él se aclara que los abortos que se encuadren en las causales antes mencionadas no deben judicializarse, en casos de violación la palabra de la mujer es suficiente –solamente se elabora una declaración jurada. Como en otras prácticas médicas se debe firmar también un consentimiento informado. La objeción de conciencia por parte profesionales de la salud de no debe obstaculizar el acceso a la práctica, las instituciones tienen la responsabilidad de garantizarla y de no hacerlo están impidiendo el ejercicio de un derecho.

En el Protocolo ILE se explicita la causal salud como salud integral e involucra las dimensiones física, mental- emocional y social. De esta manera se aleja de la visión que lo restringe al peligro de muerte o de daño solamente físico, habilitando el acceso al aborto legal a un amplio espectro de situaciones que las mujeres y personas con capacidad de gestar vivenciamos. A su vez, las y los efectores de salud deben estar atentos a situaciones que se encuadrarían en las causales y no esperar que las mujeres lo demanden, en tales situaciones ofrecer consejerías que habiliten la decisión de continuar o no con los embarazos, en base a decisiones informadas y autónomas.

A los acontecimientos que se han visibilizado en la Patagonia, como lo sucedido en el Hospital de Cipolletti, en el que se le negó el aborto a una joven que había sido violada y la judicialización de una residente que practicó un aborto no punible en El Maitén, seguramente se suman una cantidad de situaciones en las que las mujeres somos violentadas y el ejercicio de nuestros derechos, vulnerado. Esto da cuenta de las limitaciones que tiene el acceso al aborto legal, que rige en nuestro país hace casi un siglo.

Los abortos insisten: las mujeres decidimos y el Estado debe garantizar. El hecho de que quienes trabajan en salud se involucren activamente con la salud de las mujeres desde la perspectiva de derechos y de género da cuenta de cómo la demanda de acceso al aborto se ha instalado socialmente a partir de décadas de insistencia y lucha. Como claman las voces del movimiento feminista, de mujeres, lesbianas, trans y travestis: vivas y libres nos queremos, y la demanda de acceso a abortos seguros se entrama allí de manera ineludible.

 

*Artículo publicado el 08/06/2017 en 8300 Web – Cooperativa de trabajo para la comunicación- Neuquén.

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