El sábado 17 y el domingo 18 se realizó en Neuquén el 5to Encuentro Nacional de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. En las dos jornadas se compartieron experiencias prácticas y abordajes teóricos elaborados por distintos equipos interdisciplinarios que trabajan para garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todo el país y que, en la mayoría de los casos, comparten vivencias con la Red de Socorristas -feministas que abortamos-.

Bioética, uso de medicación para abortar, causal salud e interrupción de la gestación en el segundo trimestre, fueron algunos de los temas que, divididos en nueve exposiciones, se pusieron en debate durante el primer día. El segundo estuvo dedicado a proyectar estrategias de intervención. En cada una de las intervenciones salieron a la luz las múltiples violencias a las que se enfrentan las mujeres y las personas con capacidad de gestar cada vez que buscan que el Estado de efectivo cumplimiento de un derecho consagrado pero muchas veces vapuleado. Otro  punto de la discusión estuvo referido al juicio, que se inciará el 31 de julio, contra una médica en la provincia de Chubut y las acciones de apoyo y solidaridad por su absolución.

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir se conformó a fines de 2014 y contiene alrededor de 600 profesionales de diversas disciplinas y trabajadoras/es de ámbitos de salud. Como característica fundamental, la red se compone de lazos interdisciplinarios abordando la salud de las mujeres con una mirada integral que va desde lo médico a lo social. Además, en acompañamiento diario, profundiza el intercambio teórico y práctico como una fuente de conocimiento en construcción permanente.

“Hacemos un trabajo intenso de articulación entre las socorristas y el sistema de salud porque nos parece que es la mejor forma de acercar calidad de atención a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que necesiten realizarse una interrupción legal del embarazo”, explicó María Verdugo quien es Trabajadora Social, integrante de la Red, socorrista y militante feminista. Para ella, la tarea trata de sumar voluntades en pos de garantizar derechos: “Esta articulación entre las áreas médicas, las áreas psicosociales, las áreas de enfermería se acercan a las socorristas no solo por cuestiones de capacitación, de entrenamiento y para renovar las miradas respecto de la construcción social del aborto, sino también en cuestiones de atención médica y atención sanitaria”, sostuvo.

Mientras las organizaciones feministas y una parte de profesionales del sistema de salud se unen para trabajar la temática, el Estado carece de mecanismos audaces, sistemáticos y eficaces de difusión de los derechos reproductivos y no reproductivos de las personas con capacidad de gestar. Según Ana Paula Fagioli, médica bonaerense, uno de los objetivos principales de la red es “disputar el sentido con el cual la corporación médica construye las prácticas sobre las mujeres”. A su vez, reconoce que es necesario interpelar al estado para “conquistar la producción pública de Misoprostol y atender las situaciones de segundo trimestre”.

En este sentido y frente a estas ausencias, la trabajadora social, Daniela Dosso sostuvo que: “Son las mujeres socorristas las que hoy están dando respuestas y sobre todo a los abortos en el segundo trimestre”. Para ella, la información sobre las y los efectores que garantizan ILE se convierte en un secreto para el Estado, por lo que tampoco realiza esfuerzos en pos de sostener capacitaciones al interior del sistema de salud pública. “El socorrismo está salvando y solucionando este problema del sistema de salud de que no contiene todas las interrupciones legales del embarazo”, enfatizó.

No es diferente la situación en la Línea Sur rionegrina donde la ruralidad, y la fuerte evangelización acentuaban las dificultades no solo de acceder al ILE sino de hablar del tema en las instituciones hospitalarias. Sin embargo, Soledad Elifonso, trabajadora social y mujer mapuche, consideró que el cambio fundamental se dio con la implementación del Decreto N° 182/2016 que reglamenta la atención sanitaria en casos de abortos no punibles en la provincia de Río Negro. “El decreto nos posibilitó la posibilidad de charlar con las mujeres al interior del hospital, poder empezar a ver cómo lo vamos a resolver”, dijo. Además destacó que habilitó la introducción de la temática en las comunidades con actividades integrales y sostenidas por la estructura institucional.

Según reconocen las y los integrantes de la red ningún contexto político propició el desarrollo de estos debates y menos aún de la aplicación efectiva de los protocolos de salud integral y la generación de nuevas guías. Sin embargo, el desafío a futuro es profundizar los lazos interdisciplinarios. En este sentido, la ginecóloga y docente universitaria Gabriela Luchetti, sostuvo que un paso importante fue y seguirá siendo la inclusión de seminarios sobre aborto legal y seguro en las cátedras de las universidades públicas. “El trabajo de las socorristas en las cátedras abrió un camino de conocimientos que la academia desmerecía pero que son vitales”, manifestó al recordar el camino de la red desde sus inicios.