Laberintos privados y públicos de las violencias sexistas y de género es un documento que denuncia la inacción de diversos organismos y poderes del Estado, ante hechos relacionados con violencias de género y presenta una serie de exigencias.

Describe lo vivenciado por una mujer G.Q. (sólo se dan las iniciales por razones de cuidado) y las circunstancias de abandono a las que se vio sometida por parte del Estado, es sabido que situaciones similares se extienden a la cotidianeidad de las vidas de muchas mujeres.

G.Q tomó contacto con La Revuelta el pasado viernes 4 de febrero, al momento de decidir irse de su casa con sus 3 hijas y 2 hijos, luego de graves episodios de violencia sufridos a manos de su pareja.

CARTA ABIERTA de la Colectiva Feminista La Revuelta dirigida al:

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén- A la Comisión de Asuntos Sociales y a la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura Provincial – Al Ministerio de Coordinación de Gabinete – Al Ministerio de Desarrollo Social – A la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia – Al Consejo Provincial de las Mujeres – Al Servicio de Prevención de Violencia Familiar- Al Centro de Atención a la Víctima de Delito – A la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales de la Municipalidad de Neuquén – A la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén – A los medios de prensa y a la comunidad en general.

Laberintos privados y públicos de las violencias sexistas y de género

Este documento a modo de Carta Abierta pretende presentar formal denuncia contra la inacción de diversos organismos y poderes del Estado, ante hechos relacionados con violencias de género. Si bien describe lo vivenciado por una mujer (G.Q.) y las circunstancias de abandono a las que se vio sometida por parte del Estado, sabemos que situaciones similares se extienden a la cotidianeidad de las vidas de muchas mujeres. Mujeres que algunas veces no llegan a relatarlo, que abandonan las denuncias ante los malos tratos sufridos en oficinas públicas, que vuelven con sus parejas porque quieren que cambie y creen en sus promesas, que no encuentran quienes crean en su palabra, que se convencen que es el destino de las mujeres soportar las violencias sexistas, que temen que si continúan con las denuncias sus hijos/as sufran más, que… que… que…

Los hechos

El viernes 4 de febrero, siendo las 18.30 hs. aproximadamente, recibimos una llamada telefónica al número de nuestra colectiva: 0299-154722618. Del otro lado, la voz de una mujer (G.Q) que pedía auxilio, apenas si le salían palabras en su desesperación.

Acababa de vivenciar un nuevo episodio de violencia a manos de su pareja y padre de sus 2 hijos y 3 hijas cuyas edades se comprenden entre los 15 a 1 año. En la constatación clara que su hogar no era un lugar seguro decidió ponerse a salvo y escapar de su domicilio. Con ella, sus hijos e hijas.

Siendo las 19 horas, dos integrantes de La Revuelta junto a una de las abogadas del servicio Socorro Violeta, María Angélica Acosta, nos damos cita en un bar céntrico de la ciudad para recibir y entrevistarnos con G.Q. y ver en qué podíamos acompañarla y asesorarla.

G.Q. llegó acompañada de sus 5 niñxs. Comienza el relato, colmado de situaciones (16 años de maltrato por parte de ese hombre) y experiencias ya relatadas por muchas otras mujeres, con las circunstancias propias de la vida concreta de esta joven mujer de 33 años. Vidas enredadas bajo los postulados de un machismo y una violencia que no da treguas. No es ficción. Es pura realidad.

Nos contó que llegó a nosotras porque hace casi un año una compañera de trabajo le facilitó el número y le aconsejó que nos viera. Guardó ese número en su billetera. Su compañera y su jefa habían advertido las marcas en su cuerpo, ésas que de tan visibles suelen generar comentarios y cuchicheo en las oficinas y lugares de trabajo, pero sobre las que sigue pesando el “mejor no me meto, son cosas personales”, “si tan mal la pasara ya se hubiera ido”, “si a mí me levantara una mano ya lo hubiera echado”, etc., etc. Todas ideas difuminadas por doquier, que logran sin más disculpar al agresor y poner un manto de sospecha sobre las víctimas. Comentarios alentados por la mentada privacidad de las relaciones de pareja con la consecuente naturalización de la violencia contra las mujeres. Con estos presupuestos y ambientes nadie puede o sabe cómo poner coto antes. Y los agresores gozan entonces de la impunidad para seguir dejando sus marcas.

Así es que el primer viernes del mes de febrero, siendo casi las 20 horas, estando en el Patio Franz que oficiaba como una especie de oficina de atención a víctimas, empezábamos a listar un sin número de teléfonos y nombres de organismos del Estado a quienes acudir. Era claro que G.Q. no podía volver a su vivienda. Estaba aterrada, el terror allí vivido la hacía consciente del peligro que bajo ese techo acedia contra ella y sus hijos/as. G.Q. lograba con esta huida salir de uno de los laberintos de violencia sexista, el privado. Ése en que se halla encarcelada desde hace ya 16 años.

Las llamadas que realizamos fueron numerosas, numerosísimas. Por horas con los mismos resultados: nada de nada. Sigue la realidad, ahora hay que poder huir de los laberintos públicos que nos tienen preparados las violencias de la atmósfera patriarcal de las instituciones.

Laberintos públicos de las violencias género

Mientras un mozo trataba de ayudar haciendo que no se note lo que no puede no notarse: una botella grande de gaseosa y galletitas compradas en un kiosco y sacadas a las escondidas por las hijas e hijos de G.Q., la falta de sillas, la impaciencia y cansancio de las niñas y niños, realizamos las siguientes llamadas telefónicas desde nuestra improvisada oficina:

–Al refugio para mujeres víctimas de violencia: su directora nos informa que estaba ocupado, sin lugar disponible porque se encontraba alojada una familia que sufrió un desalojo. Que llamemos a una la Iglesia donde suelen alojar mujeres.

–En la Iglesia, la responsable no atendía, nos explicaron que estaban celebrando la misa.

–Al teléfono del Juzgado de Familia, para hablar con el o la funcionaria de turno. Fuimos atendidas por un agente policial a quien, al narrarle la situación y mencionarle la urgencia, le solicitamos el teléfono de la funcionaria de turno quien – según nos mencionó- era la Dra. Luna. Dicho agente de seguridad manifestó que no podía darnos el teléfono. Le requerimos que la funcionaria se constituya en el juzgado. El policía refirió que nos llamaría a nuestros teléfonos que acaba de agendar. Esperamos por un lapso de 20 minutos, nunca nos llamó; volvimos a llamar al teléfono del juzgado de familia para insistir con el derecho a ser atendidas por parte de la funcionaria. El mismo policía nos dijo que la funcionaria sólo actuaría si hacíamos la denuncia por Ley 2212 en la comisaría. Le explicamos nuevamente que los tiempos no nos permitían dicha acción; además que la mujer no quería hacer la denuncia en la comisaría ya que no tenía buenas experiencias anteriores, alguna vez sólo le habían tomado una exposición policial. Por otra parte, el proceder aconsejado dilataba los tiempos, eran las 20:15 hs. y G.Q. e hijas/os no tenían un lugar para dormir. Por último le recalcamos que, según la Ley 2212 el Juzgado de Familia es la autoridad pertinente para la aplicación de la citada ley. Le comentamos que se requería de una orden judicial para ordenar se disponga un refugio para G.Q. y sus hijas e hijos. El guardia dijo que se comunicaría nuevamente con la Dra. Luna y nos llamaría. Al ver que el tiempo transcurría nuevamente, sin recibir llamada alguna, volvimos a llamar al juzgado donde terminantemente el agente policial nos hizo saber: “dice la Dra. Luna que hagan la denuncia en la comisaría y ella luego va a intervenir”. (Nos preguntamos aún qué día y a qué hora iba a intervenir).

–Al Centro de Atención a la Víctima de Delito: suponemos que por la hora ya no se encontraban en las oficinas. No contamos con un número de emergencia del organismo donde comunicarse en estos casos. Si lo tienen no es público, o lo desconocemos.

–Al Servicio de Violencia Familiar no fue posible llamar, no cuentan con un número de emergencia. Sabemos que la falta de asignación presupuestaria y el desmantelamiento del servicio impiden contar con este necesario dispositivo.

Ante las infructuosas gestiones y el paso de las horas, sumadas a la impaciencia de los y las niñas, llamamos al teléfono personal de Dora Okstein, quien desempeña funciones en el Ministerio de Desarrollo Social, organismo de aplicación de la Ley 2212.

–Dora Oktein realiza gestiones telefónicas para que G.Q. sea alojada con sus hijos/as en un refugio habilitado para otro perfil poblacional, con que cuenta la Municipalidad de Neuquén en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. Siendo casi las 22 horas envía al bar una camioneta de Desarrollo Social para el traslado correspondiente. Acompañamos dicho traslado y cerca de las 23 horas damos por finalizada la primera parte de la odisea que hubo que sortear contra el laberinto público.

–Durante el día sábado y domingo estuvo acompañada de operadoras/es destinadas/os a esa tarea en el refugio que fue albergada G.Q. y sus hijos/as. Operadoras/es que no cuentan con la capacitación necesaria para atender estas situaciones y que se vieron en la necesidad de tomar difíciles decisiones.

–El día sábado 5/2, integrantes de La Revuelta visitamos y acompañamos a G.Q. y a sus hijos/as con el propósito de ayudar a programar la semana que se iniciaba y las denuncias correspondientes.

–El domingo 6/2 dimos cuenta de esta situación -a través de correo electrónico- a una compañera del Servicio Familiar, a los fines de pedir acompañamiento para el día lunes en la tramitación y realización de las denuncias en el Juzgado de Familia y para el inicio del abordaje terapéutico que sea necesario.

–En horas tempranas del día lunes 7/2 nos acercamos al Servicio de Violencia Familiar, quienes acompañan a G.Q. a realizar la denuncia al Juzgado de Familia. A media mañana recibimos una llamada de la Dra. Luna manifestando su preocupación y necesidad de generar una reunión con nosotras. Por razones laborales, no podemos asistir a reunión alguna en el día. Terminado el lunes sabemos que G.Q. podrá volver a su casa con el compromiso por parte de la justicia de designar la custodia que garanticen su seguridad y la de sus hijos e hijas.

Laberinto violento, por si hace falta agregar. Laberinto sexista. Laberinto por el que transitan cuerpos y vidas de mujeres, niñas y niños. Laberinto violento, sexista y público, del que G.Q. logra escapar el pasado viernes porque tuvo “la suerte” de contactar a un grupo feminista que no dejó su reclamo para el lunes o para cualquier otro día de la semana. Laberinto violento, sexista, público y estatal, laberinto diseñado por acción u omisión por un Estado que en su cotidianeidad despliega una maquinaria a cuyos engranajes parecieran faltarle siempre el lubricante necesario para funcionar a favor de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños víctimas de estas situaciones.

Socorro Violeta es un servicio organizado por activistas feministas, atiende los días miércoles de 17 a 19 horas de manera gratuita. Ahora bien, las urgencias son para nosotras eso: urgencias. Y muchas veces estamos compelidas a ser activistas de tiempo completo. Sin embargo, sabemos que no nos corresponde. Sabemos que mientras a nosotras llega una G.Q. hay muchas otras que no llegan a obtener la ayuda y acompañamiento necesario y entonces, abandonadas a su suerte, vuelven a las garras de quien se arroga el derecho de golpearlas, violarlas, abusarlas, maltratarlas, insultarlas y hasta matarlas, en lo que constituye la mayor expresión de terrorismo sexista contra una mujer.

¿Sabrán los y las funcionarias que reciben salarios del Estado que los femicidios aumentan cada año en el país? ¿Lo saben los y las funcionarias, jueces y juezas del poder judicial? ¿Lo saben los y las funcionarias y jueces y juezas de los juzgados de familia? ¿Lo saben quienes están de turno los fines de semana en oficinas del poder judicial y de los juzgados de familia? ¿Habrán leído el informe presentado por el Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano que da cuenta que éstos aumentaron un 12,5 por cierto en relación al 2009? ¿Sabrán quienes reciben un salario por hacer valer las leyes como la 2212, la 26.485 entre otras, que en este país hubo en el año 2010, un total de 260 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, maridos, novios, ex -parejas? ¿Sabrán que esa cifra significa un promedio de casi 5 mujeres asesinadas por semana? ¿Sabrán acaso que en 27 de esos casos las mujeres ya habían realizado denuncias y que en otros 6 casos el victimario tenía prohibido acercarse a quien luego terminó asesinando? ¿Sabrán que los círculos de la violencia refieren a un contínuum que aumenta si no se pone límite a la situación y que para poder ponerlo las víctimas necesitan estar acompañadas por servicios especializados que les permitan apoderarse de nuevas formas de mirar y de mirarse?

Nuestro país y esta provincia cuentan con numerosas normativas y herramientas legales que de ser aplicadas con idoneidad, justeza, perspectivas y presupuestos adecuados contribuirían enormemente a la construcción de vidas sin violencias. Son normativas construidas con el aporte de númerosos grupos de mujeres y especialistas que trabajan en estas temáticas desde hace muchos años y que han construido sobradas experiencias y saberes en este campo. La Ley Nacional 26.485, de orden público y de aplicación en todo el territorio la República con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del Título III (Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrolle sus relaciones interpersonales) resulta un instrumento por demás alentador. Ahora bien, como sostiene la antropóloga Rita Segato: una ley sólo es eficaz si logra transformar la sensibilidad ética. Es decir, cuando logra transformar las ideas de lo que está bien y está mal. Para construir esos cambios éticos, hay un largo camino de aplicación que debe empezar por los organismos del Estado a los que la ley compromete en sus obligaciones.

Venimos con este escrito a exigir -una vez más- la puesta en marcha de una serie de mecanismos y dispositivos, contemplados en leyes vigentes, para que las muchas G.Q. que necesiten protección la encuentren en los lugares que corresponden y en los momentos que les resultan necesarios para sus vidas:
Habilitación efectiva de un teléfono 0800-violenciamujeres.
Habilitación y puesta en marcha de guardias permanentes en los servicios de atención a la Violencia Familiar y las Víctimas de Delito, que funcionen todos los días de la semana y las 24 horas del día.
Que se avance en la creación urgente de oficinas especiales, con personal debidamente capacitado y entrenado en el enfoque de género y DDHH para que las mujeres acudan a realizar las denuncias.
Que se creen más y adecuados refugios para mujeres víctimas de violencias de género. El Estado Laico no puede acudir a las iglesias para estas situaciones, mucho menos cuando son ámbitos que suponen para las mujeres mandatos de una cultura que favorece las visiones masculinistas con la consecuente sumisión y aceptación como destino inevitable por parte de las mujeres.
Que la persona que denuncia pueda testimoniar / denunciar acompañada por alguien de su confianza.
Que se convoque a una comisión de expertas en perspectiva de género para la elaboración de un decálogo de procedimientos al que deban atenerse los y las agentes, que el mismo sea expuesto públicamente y entregado a la persona que va a denunciar antes de efectuar la denuncia.
Que se generen espacios de capacitación en atención de mujeres desde la perspectiva de género para jueces/juezas, magistrados/as, fiscales y agentes del poder judicial.

Para finalizar, hacemos notar que en el 29 de noviembre de 2010 presentamos un documento de este tenor, titulado: “Sobre las injusticias sexistas de la llamada justicia (Sobre la imposibilidad de escuchar a las denunciantes)“. En esa oportunidad fue presentado ante el Jefe de Fiscales de la provincia, firmado junto a otras organizaciones sociales, solicitando una serie de medidas que van en consonancia con lo aquí pedido. A la fecha no hemos obtenido respuestas al respecto.

Por Servicio Socorro Violeta y Colectiva Feminista La Revuelta
María Angélica Acosta, Viviana Menichetti, Marcela Pérez, Ruth Zurbriggen
Neuquén, 8 de febrero de 2011