Por Viviana Menichetti y Ruth Zurbriggen

• “Existe un síndrome de ajenidad de algunos gobiernos provinciales para con esta ley… Debe ser aplicada, no se requiere adhesión para que opere en las provincias”.
• “Es una ley de construcción de ciudadanía, que consagra nuevos derechos para las mujeres” (sólo resta impulsar la adhesión a la reglamentación de la ley, o diseñar el propio procedimiento provincial, con el mismo espíritu de la ley).
• “La ley destaca tres verbos que ordenan la acción del Estado: prevenir, sancionar y erradicar las violencias de género… sobre todo lo que implican esos verbos hay que trabajar para avanzar en la lucha contra la violencia de género”.

Éstas fueron algunas de las expresiones de Perla Prigoshin, titular de la Comisión Nacional que elaborará las sanciones en el marco de la Ley Nacional 26.485, en el encuentro de trabajo convocado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén y la Colectiva Feminista La Revuelta, realizado el 27 de mayo`11.

A dos años de sancionada la ley que visibiliza que la violencia sexista no es privativa del espacio familiar, sino que ocurre en todos los ámbitos donde las mujeres transitamos nuestras vidas, Perla Prigoshin, aportó sus conocimientos y expertés en relación al tema convocante: “Alcances e instrumentación de la Ley 26485”. Lo hizo interpelando la ajenidad que transmite la legislatura provincial, si tenemos en cuenta el año en que fue sancionada: 2009. La cuenta es sencilla y no menos escandalosa: dos años omitiendo deberes y responsabilidades, dos años impidiendo el acceso real a derechos consagrados en esta ley, dos años restando derechos… que se suman a siglos de desigualaciones.

Con la solvencia de saberes construidos desde los aportes del feminismo, amplia trayectoria como abogada, produciendo jurisprudencia en casos de abortos no punibles, especialista en temas de género y salud sexual, redactora de otras leyes que conquistaron derechos para las mujeres, Prigoshin dejó bien claro que la ley debe ser aplicada sin más dilaciones ni justificaciones de ningún orden especulativo.

La jornada se vio enriquecida con la participación de 30 mujeres: activistas feministas, trabajadoras de distintas organizaciones e instituciones públicas (entre ellas del poder judicial y acción social), de la ciudad de Neuquén, Aluminé, Zapala, Villa La Angostura y Cipolletti, también la presencia de una diputada provincial. Se buscaron desarmar las argumentaciones que hoy obstaculizan un proceso de construcción de ciudadanía. El falso dilema sobre el que nos pronunciáramos como colectiva en un documento público: Adherir a la Ley Nacional 26.485 o reformar la Ley Provincial 2212: Un falso dilema político, es parte de la resistencia política a reconocer el nuevo status que trae la ley para mujeres y niñas. En las palabras de la especialista: las leyes de violencia familiar de cada jurisdicción, tendrán vigencia “sólo si protegen los mismos o más derechos“. Pretender un reduccionismo en las diferentes violencias de género y ámbitos donde ocurre la violencia, resulta en discriminación, olvido y desprecio por las mujeres y niñas víctimas de las otras violencias que se “salen” del “grupo familiar” o doméstico, quedando además invisibilizados e impunes quienes la ejercen bajo el manto de impunidad que provee la machocultura patriarcal.

Prigoshin dio detalles sobre la Comisión de la que es titular -Comisión Nacional Coordinadora de Acciones Para la Elaboración de un Régimen Sancionatorio de la Violencia de Género- y que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Expresó que recientemente quedó conformada por representantes de ámbitos académicos, de la justicia, sindicatos, colegios profesionales, áreas estatales, referentes feministas y del movimiento de mujeres, organizaciones sociales con experiencia e interés en este tema. La desnaturalización de las violencias de género y el reproche social, son metas que guían el accionar de esta comisión que se completará con consejos asesores e incluso un Consejo Federal, con representantes especializadas de cada provincia, que articularán los aportes que se vayan construyendo para el diseño de las sanciones.

Se reflexionó acerca de diferentes dificultades que se encuentran en cada sector o área, para acceder a la efectivización real de derechos, las pocas medidas puestas en marcha desde las administraciones provinciales, las estructuras inadecuadas, los pocos recursos especializados para atender a las víctimas de las violencias de género –en especial en momentos de crisis que requieren de respuestas integrales- y el escaso presupuesto destinado a estas problemáticas.

Hacer vivir la ley nacional en la cotidianeidad de nuestras vidas funcionó como un acuerdo que reafirmó compromisos de trabajo: trabajar en campañas de sensibilización y difusión de la Ley 26.485, hacer valer la existencia de la normativa toda vez que sea necesario, apostar al empoderamiento y apoderamiento de los derechos que nos asisten, fomentar la cultura de la denuncia y litigar contra los incumplimientos. Todo un abanico de acciones considerando las heterogéneas características de los grupos e instituciones presentes en el encuentro.

Como activistas feministas insistimos con una brillante formulación de la antropóloga Rita Segato: […] la ley es importante no tanto por la producción de sentencias sino para consagrar categorías, con la potencia con que la ley las sacraliza. Cuando sacraliza una categoría la ley hace un trabajo de ir transformando la sensibilidad ética de la gente (En Las estructuras elementales de la violencia -2003- Editorial Prometeo y UNdeQuilmes). Ésta es una de las consideraciones que nos lleva a Las Revueltas a actuar y a generar espacios por la aplicación efectiva de la Ley Nacional 26.485 y de todas aquellas que significan reconocimiento de derechos con perspectivas de género.

Neuquén, 3 de junio de 2011