Disentimos con el artículo editorial del diario Río Negro publicado el día 22 de julio, en el que se esgrimen argumentaciones a favor de la compra y venta de mujeres. Desde esa columna se responde a declaraciones del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y se justifica la presentación del amparo judicial contra el Decreto 936/11 que prohíbe “la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual con el fin de prevenir la Trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”.

Responde a la persona de Parrilli, pero alude también a quienes desde hace años reclamamos que los medios de comunicación dejen de reproducir estereotipos de género que atentan contra la dignidad de las mujeres, en particular vía el rubro 66 pero excediéndolo ampliamente. En nuestra opinión, la línea que ha tenido “Río Negro” como “defensor de los derechos humanos”, es breve en sus casi 100 años de vida y actualmente se reduce a gestos y muecas apenas tenues o inexistentes cuando se trata de defender algunos derechos, desconociendo, como en esta disputa legal, muchos otros.

Sobre el texto editorial, en primer lugar no creemos que el secretario de la presidencia, Oscar Parrilli, baje el nivel de confrontación. Apunta a cuestiones centrales del debate, y son las que expuso sobre la mesa el Decreto 936: un negocio delictivo vs. la perspectiva de los derechos humanos. El debate, no puede negarlo, tiene estos componentes: negocio e ideología. Contra el olvido recordemos que Julio Rajneri inspiró la Ley de Obediencia Debida siendo ministro del gobierno de Alfonsín; se mostró contrario a la línea a favor de la “memoria, la verdad y la justicia” llevadas a cabo desde el año 2003 hasta la fecha; se opuso cerrilmente a la nueva ley de comunicación audiovisual, en tanto monopolio informativo que profesa el pensamiento único hace décadas, todas caras de la misma moneda.

En segundo lugar, desde nuestros medios, activismos y discursos defendemos ideas, no personas, y es inadmisible que se afirme que se trata de “propagandistas del régimen” a todas y todos los que celebramos, por caso, la sanción de la Ley 26.364 contra la Trata (aún con las modificaciones que seguimos reclamando), de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar las Violencias contra las Mujeres, la Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley de Matrimonio Igualitario, entre las que importa mencionar hoy. Este diario, menosprecia e ignora el trabajo de años del movimiento feminista y de mujeres que también nos valemos de canales propios de comunicación como portales, espacios de radios y blog para difundir ideas que buscan fortalecer los derechos de las humanas. Esta operación del director del diario de intentar colocar a activistas y periodistas que trabajan con enfoque de género en el lugar de prensa servil es una expresión más de su posicionamiento ideológico, su cultura patriarcal y su desprecio por los derechos humanos.

Parece traslucir que las mujeres no tenemos derecho a tener pensamiento independiente, propio y que, si compartimos algunas medidas y gestos de políticas públicas de éste o de otro gobierno, es porque fuimos compradas. Indudablemente es la lógica que entiende, y la misma que trasunta en el amparo judicial que interpuso contra el Decreto 936: para el diario “Río Negro” las mujeres pueden ser compradas. O bien, si no compartimos las ideas del monopolio periodístico regional, podemos ser severamente castigadas e injuriadas, pues, para este director, las mujeres no podemos tener pensamiento autónomo, ni mucho menos confrontar con su poder omnímodo.

En tercer lugar, en su editorial Rajneri sostiene que “el tema de la oferta sexual pública merece sin duda una discusión con mejor nivel”. Justamente, muchas de las que vemos significativo el Decreto 936/11 somos quienes intentamos, desde hace años, provocar y sostener debates vinculados a estas temáticas y que suelen ser censurados por acción u omisión en el mismo diario que hoy reclama debates de “mejor nivel”. Julio Rajneri intenta corrernos por izquierda al afirmar que al estar de acuerdo con la medida de gobierno, discriminamos a las mujeres que tienen la libertad individual de ofrecer servicios sexuales en la prensa. Las libertades individuales que queremos construir no son las del libre mercado ni las del neoliberalismo. Creemos en las libertades individuales, vaya si lo creemos cuando apoyamos una campaña a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito o sostenemos, junto a muchas otras protagonistas, que toda mujer es soberana, que su cuerpo es soberano pero que como humana, merece una vida digna y el Estado no sólo debe estar comprometido con el cumplimiento de este ideal tomando medidas que crea pertinentes en tal sentido, sino que está obligado a hacerlo en virtud de los tratados internacionales a los que ha suscripto en relación a los derechos de mujeres y niñas; y en relación a leyes nacionales que ha sancionado en consecuencia.

El debate sobre la prostitución no es fácil, reviste una complejidad que ni siquiera nos encuentra en una posición absoluta y unívoca dentro del activismo con perspectiva de género. Aún así no dudamos en sostener que es responsabilidad del Estado idear y garantizar políticas públicas y de empleo para quienes hoy son prostituidas y que a lo largo de sus vidas no decidieron libremente estar vendiendo su cuerpo, decisión tomada en un marco de nula libertad en nuestra opinión. Está demostrado que en su gran mayoría, las mujeres y travestis son inducidas a la prostitución, que lo han hecho en contextos de absoluta desesperación y vulnerabilidad. Como mujeres que pertenecemos al movimiento feminista creemos que hay un destino mejor para ellas, y que debemos andar un camino de construcción colectiva y solidaria que tienda a que todas las personas seamos sujetas de derecho y tengamos vidas dignas. Como sociedad debemos hacer un esfuerzo para quebrar mandatos culturales que dicen que una mujer es un objeto, un bien transable, un conteiner… porque ninguna mujer nace para puta. Si el director del diario Río Negro estuviese realmente comprometido con la defensa de los derechos de esas mujeres, las que según él ejercen libremente la prostitución, nos preguntamos ¿por qué no puso a disposición sus páginas para denunciar con vehemencia los abusos que sufren, el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran, que pertenecen al sector «informal» de la economía, que no tienen obra social, que no se jubilan, que se enferman como consecuencia de la exposición permanente de sus cuerpos? Nunca lo hizo, pero no se priva de reclamar su libertad de prensa para seguir publicando avisos de oferta sexual. Es más, se encargó de censurar y levantar del diario el blog que específicamente publicaba temáticas caras a la ciudadanía de las mujeres.

De hecho, expresa su concepción de «mujer-cosa» en el quinto párrafo del editorial en cuestión. Admite que los tratantes y proxenetas se sirven de sus páginas para hacer su ilícito. Situación que no sólo no fue reconocida por el propio diario como un error tan grave como propio, sino que intentó ocultarlo cuando un concejal de la ciudad de General Roca y organizaciones que luchan contra la trata lo denunciaron públicamente. Avisos publicados en el rubro 66 de este diario ocultaban a proxenetas y tratantes, tal como quedó demostrado. Y no duda en excusarse de su responsabilidad como tampoco se priva de comparar a la mujer con un auto y a los proxenetas con los desarmadores de autos. Negocio e ideología, de eso se trata.

La nota editorial insiste con la inconstitucionalidad del Decreto 936/11. Basta con leer la enumeración detallada en los considerandos del mismo para salvar este reclamo. ¿A qué constitución apelan Rajneri y sus abogados? Otro ejercicio de memoria: el amparo es presentado Hugo Wortman Jofré, María Isola y María José Cuenca, integrantes del estudio que Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín) eligió en la causa por Papel Prensa.

En sus últimas líneas el editorial refiere a que sus razones no serían económicas, porque estos avisos representan “una parte insignificante de sus ingresos”. Esto es llamativo porque en el amparo judicial que interpone, invoca a la “la afectación de la fuente de ingresos, esenciales para la actividad comercial del medio y sin los cuales la difusión de ideas se convertiría en un objetivo de cumplimiento ilusorio”. ¿No será que no le ha quedado más remedio que decir esto para justificar que está plantado en una lucha de ideas que por ejemplo lo llevó a sostener a capa y a espada el proyecto de “Menem- Cavallo” y la ideología que defendieron, la cual afectó gravemente los derechos económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva de la sociedad?

En este debate ideológico, no podemos dejar de considerar que el patriarcado, como sistema de ideas, impregnado en cuerpos concretos, hace plausible y necesaria la prostitución. Relación de explotación perpetrada principalmente sobre cuerpos de mujeres y travestis, dispuestos allí para la doble moral de quienes mantienen el statu quo del buen nombre, pero que desean y consumen prostitución ajena. La prostitución como relación social se sedimenta y naturaliza de manera obscena. Quizás sea hora de preguntarse cuán hecha subjetividad está esa relación en esa generación de hombres que se han hecho hombres bajo la prerrogativa de consumirla, promoverla y alentarla en las “jodas entre machos” que abundaron y abundan en el paisaje social. Quizás el efecto simbólico más perturbante del Decreto936/11 sea ése: colaborar en traer al debate un tema crucial para la machocultura imperante.

Susana Yappert (Blog Hijas de Eva- Red PAR) – Ruth Zurbriggen (Colectiva Feminista La Revuelta)