Acompañada por numerosas manifestaciones de solidaridad, culminó el viernes la primera semana del juicio penal oral y público contra la médica generalista del Hospital Sub-Zonal de El Maitén. Entre esas manifestaciones se dio a conocer en medios de comunicación de la región la Resolución 0129/junio 2017 de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, en la que se expresa la preocupación y el apoyo a la médica: “sabemos que la médica actuó legalmente, garantizando los derechos de la solicitante”.

Además, se presentaron tres escritos bajo la figura de Amigos del Tribunal que ofrecen argumentaciones legales en favor de las actuaciones de la médica. Uno por parte de AMNISTÍA, CELS, ELA, CLADEM y FEIM, otro desde la Comisión Nacional de Residentes de la Federación Argentina de Medicina General y el tercero en representación de la Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. En sentido contrario hubo dos presentados por fundaciones anti-derechos, autodenominados “pro-vida”: Más Vida y Nutrir.

Entre el 31 de julio y el 4 de agosto declararon 25 testigas/os citadas/os en su mayoría por la querella, en algunos casos coincidentes con citaciones por parte de la defensa. En este sentido, fueron claras las declaraciones de profesionales del Hospital de Esquel, quienes atendieron a la joven al ser derivada a ese nosocomio: No hay pruebas médicas que permitan ligar la muerte de la joven con la actuación de la médica imputada.

Desatacamos que la médica imputada tuvo oportunidad de presentar preguntas a las y los testigos, habilitada por el derecho que la asiste y que se lo hiciera saber el juez José Oscar Colabelli (quien fue recusado en la primera audiencia por haber sido oportunamente sancionado al negar un aborto no punible a una niña de 12 años, en 2012. Recusación que fue denegada finalmente). Así fue que la querida y aguerrida compañera pudo desplegar en sus interrogaciones todo su saber médico y -en gran medida- todas las argumentaciones que dan cuenta de su hacer profesional apegado a las leyes vigentes.

Desde el lunes próximo se esperan las declaraciones de cuatro testigas/os de la defensa. Se prevé finalizar el día jueves 10 de agosto.

Recordemos que en el año 2015 la médica garantizó la interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años, según lo establece el Código Penal en su Art. 86, inciso 1, el Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de marzo 2012, la Ley XV-14 de Aborto no punible de la provincia de Chubut, vigente desde 2010 y el Protocolo de atención integral a personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación, del año 2015. Por causas que se desconocen, y que no han sido seriamente investigadas, la joven murió una semana más tarde en el Hospital Zonal de Esquel.

Las primeras audiencias ratifican lo que desde distintos agrupamientos y organizaciones venimos manifestando: la investigación desarrollada desde el Ministerio Público Fiscal, encabezada por el fiscal Carlos Díaz Mayer y la definición de la (in)justicia de Chubut de elevar a juicio esta causa están erradas en la búsqueda de esclarecimiento y administración de justicia.

La familia necesita saber las causas de esta dolorosa pérdida. Es parte de lo que también reclamamos. Sin embargo, esto no puede hacerse a costa de cometer una injusticia contra quien ejerció su práctica médica en las condiciones de legalidad y seguridad establecidas.

Criminalizar a la médica que efectivizó derechos busca desalentar a otras y otros profesionales de la salud en el ejercicio de sus obligaciones. Esto es, instar a cometer el delito por no garantizar Interrupciones Legales del Embarazo. Hay grupos anti-derechos que así lo saben por ello asesoran a la querella y controlan paso a paso lo que sucede en las audiencias.

Mientras desde Socorristas en Red reafirmamos: garantizar derechos es una obligación. Instamos a la absolución de la médica injustamente procesada.