Está acusada de asesinar a un hombre con el que se presume que convivía. Las organizaciones de trans y trabajadorxs sexuales esperan que los jueces consideren el marco de violencia de género que sufría y dicten un fallo favorable.

Este mediodía se conocerá la decisión de los jueces de la Cámara Primera en lo Criminal de Roca, Emilio Stadler, Daniel Tobares y Alejandro Pellizzon, sobre el destino de una mujer trans acusada de asesinar a un hombre con que se presume que convivía. Para la parte acusatoria cabe la prisión perpetua mientras que la defensa plantea la absolución. En el medio una persona que vuelve a ser violentada cada vez que el Poder Judicial posa sus ojos en ella.

“Nació en un círculo de violencia, está acostumbrada”, se escuchó decir en la sala de audiencias sin que provocara el menor gesto de desconcierto en el tribunal. Sólo las compañeras de militancia de B. sintieron el horror de aquella afirmación, ellas deciden no naturalizar en el caso de B. ni de otras compañeras trans cada vez que se organizan por mejorar sus condiciones de vida en un contexto de desigualdad y criminalización permanentes. Es tan cierto que las violencias comenzaron en la niñez como que la continuaron las manos de los machos, el Estado y sus instituciones en la adultez.

A B. la balearon en el pecho en enero de 2016 y la dejaron tirada en un canal creyéndola muerta. Daniel Alonso, su agresor, fue acusado de intento de homicidio pero la causa no prosperó. La policía empeñada en perseguir a B. como trabajadora sexual y como trans, se obstinó en tomarle declaración cuando apenas tenía un hilo de voz en una cama del Hospital Francisco López Lima, institución pública que, además, le negó un lugar en Salud Mental para atender su problema de adicciones. La vida de B. siempre estuvo en peligro.

Un año después, ella se defendió con un cuchillo de otro agresor que resultó muerto, Javier Esteban Lincoleo, y ahora está en el banco de los acusados, con un juicio de una celeridad pocas veces vista en el fuero penal. Tanto la fiscalía como la parte acusatoria hicieron fuerte hincapié en una supuesta relación entre Lincoleo y B. y afirmaron que la violencia le era innata. Sostienen la premeditación del acto y piden cadena perpetua.

Tanto el abogado defensor, Diego Broggini como las compañeras de la Asociación Civil de Trans y Trabajadorxs Sexuales (ATTS), plantearon la necesidad entender la causa con la violencia de género como marco. No obstante, los jueves, abogados y aún la fiscal mostraron un claro desconocimiento de la Ley de Identidad de Género (26.743). “En ese momento era ella o él. Si hubiera muerto ella sería una más en la lista y él estaría libre”, manifestó Georgina Colicheo, referente de ATTS.

Para la Asociación, esta causa es la máxima expresión del odio hacia las personas trans y los cuerpos disidentes. Denuncian que no recibieron información sobre el estado de B. mientras cumplía prisión preventiva y ocultamientos por parte del juzgado y del defensor oficial que luego fue apartado. “Nuestras vidas también importan”, sostuvo Georgina con la esperanza de que este mediodía el fallo sea favorable.