El jueves 10 de diciembre comenzó el séptimo tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Neuquén durante la última dictadura cívico militar. Es la primera vez que los abusos sexuales y las violaciones cometidas durante las detenciones ilegales serán juzgadas por el Tribunal como delito distinto al de los tormentos y torturas.

“El plan genocida también intentó imponer un ‘disciplinamiento de género’ y desarrolló un particular ensañamiento sobre las mujeres por considerarlas doblemente transgresoras, tanto de los mandatos que las confinaban al mundo del hogar como del orden social que se debía conservar con la vigencia de ese aliado histórico y fundamental del capitalismo, que es el patriarcado”, analizó la abogada querellante por el Ceprodh, Natalia Hormazabal. “La violencia sexual fue parte del plan genocida que buscó disciplinar y aniquilar a la clase obrera que protagonizaba una etapa de ascenso y cuestionaba el poder de los grandes capitalistas”, agregó.

El Tribunal Oral Federal (TOF) está conformado por los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Simón Bracco. El juicio comenzó con la lectura de los alegatos de apertura de las partes y se estima que las declaraciones testimoniales se concreten en 2021. Los hechos que se investigan ocurrieron en junio de 1976 en Cutral Co, Neuquén Capital (Neuquén) y en Cinco Saltos y Cipolletti (Río Negro). Se trata de detenciones ilegales, tormentos, torturas, traslados en vuelos clandestinos a Bahía Blanca de 20 víctimas, de las cuales 9 permanecen desaparecidas (6 mujeres). Los acusados son 14 policías y militares retirados y un ex agente de inteligencia (Raúl Guglielminetti).

Entre las sobrevivientes, está Dora Seguel, quien en 2012 durante su declaración en La Escuelita II denunció los abusos sexuales que sufrió durante el conocido “Operativo Cutral Co”. Después de 8 años de haberlo hecho público, su denuncia será juzgada en este tramo. “Es importante el juzgamiento de los delitos sexuales porque es la primera vez en Neuquén. Hay decenas de denuncias. La categoría de delito sexual es distinta a la de tormentos, tienen bienes jurídicos distintos que no pueden incluirse uno dentro de otro ya que tiene características distintas”, explicó el abogado querellante de la APDH, Bruno Vadala.

“La violencia sexual hacia las mujeres es una violencia que se llevó a cabo como práctica sistemática dentro del plan de exterminio. Sucedió en otras partes del mundo, en Argentina también hay testimonios que dan cuenta de eso y juicios. No son hechos aislados, a la víctima se la deshumaniza, algo que es parte de todas las prácticas genocidas, previo al exterminio. Los perpetradores de estos crímenes son todos varones, ahí reside la cuestión del poder”, remarcó Vadala.

Además, indicó que en el abuso sexual cometido contra Dora Seguel no hay un solo imputado. “Los agresores por delitos sexuales en el marco de delitos de lesa humanidad no son solamente los que cometieron el acto directo sino también los que tuvieron el dominio sobre ese hecho. Hay varios imputados”, indicó.

En este sentido, Hormazabal sostuvo que “uno de los objetivos del plan genocida era destruir a la persona como individuo y como colectivo. Dentro del plan, las violencias sexuales eran una práctica usual que reproducía en esencia la aberrante condición a la que eran reducidas las víctimas, como objetos negados de humanidad de los que los agentes podían disponer, ya sea como castigo, como fuente de información, o como mero objeto”.

“Nosotras partimos de un concepto amplio de violencia sexual que no se reduce tan solo a las violaciones o abusos, sino también la exposición a la desnudez, los insultos, el ir al baño con un hombre mirando, la higiene personal, lo que implicaba ser objeto de cosificación dentro del centro clandestino de detención. En ellos no solamente se atacaba la salud física o mental en términos de tratamiento cruel como la tortura, sino también las violaciones a la integridad personal, en particular, el trato degradante y humillante que involucra el acoso, abuso o violación sexual. Por ello, entendemos que por los crímenes sexuales son penalmente responsables, tanto los autores de propia mano como aquellos que en la estructura de poder mantuvieron el dominio y control sobre todo o parte del aparato organizado de poder. Para nosotras todos son co autores, porque era un ‘plan’ donde en cada práctica había roles”, destacó la abogada del Ceprodh.

La perspectiva de género y feminista ha ido deconstruyendo también las prácticas genocidas. “El patriarcado también ha atravesado estos juicios. La mayoría de los operadores de la justicia son varones: los tribunales orales en la región siempre han estado compuestos por varones. Sólo nuestra querella ha estado compuesta siempre en cada juicio, por mujeres abogadas. Entonces no es nuevo que surjan las violencias sexuales. Hace años que hemos escuchado a valientes mujeres y hombres relatar violencias sexuales, pero ¿hemos escuchado? ¿La justicia ha escuchado? Nuestra querella, integrada por feministas socialistas, ha desarrollado la temática ya en el primer juicio del año 2008, reiterando en juicios posteriores, pero entendiendo a esta particular especie de torturas, también como constitutiva del delito de genocidio”, cuestionó Hormazabal.

Expectativas:

Como en cada tramo las expectativas de las querellas son Verdad, Memoria y Justicia.

Vadala de la APDH, aseguró que “la expectativa es muy grande, porque es un tramo que se viene esperando hace mucho. Se juzgan los casos de muchas de las víctimas viven en Neuquén, que en su momento estudiaban en la Universidad del Comahue, que militaban socialmente, que fueron víctimas del conocido Operativo Cutral Co”.

Hormazabal, por el Ceprodh, enfatizó que “como en cada juicio, queremos que se conozca ‘la verdad histórica’ de compañeros y compañeras. Tal vez sea el último en llegar a juicio. Queremos Justicia, 44 años después de ocurridos estos hechos, con el pacto de impunidad que se sostiene al día de hoy, sin saber qué ha ocurrido con los desaparecidos y desaparecidas por que el Estado nos adeuda la apertura de los archivos de la represión. Con los organismos de Derechos Humanos a la cabeza, logramos sentar en el banquillo de acusados a los genocidas. Esto es un logro de la lucha”.

Luis Virgilio Sánchez, querellante por la Gremial de Abogados y representante de Eduardo Paris (Miembro de la Mesa Nacional y de la Convención Provincial del Partido Intransigente), afirmó que “más allá de las condenas, lo importante para nosotros es que en este juicio todas las partes puedan poner libremente, de manera amplia y flexible su verdad sobre la mesa, que es la mejor manera de extraer la verdad, tanto de parte del público, como de los juzgadores. Tenemos un Código Procesal del Siglo XIX y por lo tanto muchas limitaciones, y algo de ello pudimos observar en los planteos preliminares de la defensa, que pidió la suspensión del juicio”.