El viernes 12 de julio asistimos a un show. Pensado, planificado, al compás de la agenda que impone el gobierno nacional de Javier Milei: de manera simultánea allanaron 14 casas y locales de organizaciones sociales. Y se llevaron esposadas, para que los medios de comunicación saquen fotos y filmen, a diez dirigentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Libres del Sur. ¿El motivo que dieron? Tomarle sus datos. ¿Podrían haber evitado el show y garantizar sus derechos? Sí. 

El alineamiento del gobierno de Rolando Figueroa con el gobierno nacional trasciende el Pacto de Mayo, firmado el 9 de Julio, y escrito en negociaciones previas. Ese viernes 13 de julio Rolando Figueroa mostró ser el mejor estudiante de Javier Milei. Hizo cuerpo lo simbólico y el sentido común. Habilitó la estigmatización del trabajo que las organizaciones sociales realizan ahí donde habitan otredades que el gobierno provincial invisibiliza, donde el Estado -que gestiona este gobierno- decide no estar: en comedores, en merenderos, creando fuentes de trabajo donde no las hay. Las organizaciones sociales, son parte de la red de contención donde el Estado -por decisión- se ausenta. 

Lo que investiga el Poder Judicial es una supuesta defraudación al Estado provincial. En enero de este año, el ministro de Trabajo Lucas Castelli aseguró que durante 2023 las organizaciones sociales habían recibido aportes por cerca de 1.100 millones de pesos y no habían rendido los gastos. El que autorizaba los desembolsos era el ex Ministro de Desarrollo Social y Trabajo, Germán Chapino. ¿Vimos el viernes pasado un allanamiento en la casa de Chapino o de cualquier otro funcionario o exfuncionario? No. Ahí está la doble vara y el acto disciplinador hacia las organizaciones sociales. Disciplinar utilizando los cuerpos de estas mujeres, como escenario de construcción de poder, para facilitar la entrega y el saqueo desmedido.  

¿Acaso será que con estos espectáculos contra las referentas de las organizaciones sociales quieren lavar la cara a la estafa judicializada más grande de Neuquén para quitar corresponsabilidad de la seguidilla de funcionarios públicos involucrados?

¿De qué transparencia habla Castelli si él mismo incumple una medida cautelar impuesta por la Justicia que ordena otorgar funciones a una trabajadora que denunció abuso sexual en el ámbito laboral? ¿Es mera coincidencia que las detenidas sean todas mujeres? ¿Es mera coincidencia que en los allanamientos se hayan violado todos los tratados de derechos humanos? ¿Es mera coincidencia que se informe antes a la prensa sobre el operativo a realizar? ¿Es mera coincidencia el accionar del poder judicial en la figura del fiscal Vignaroli animado por el gobierno provincial? ¿Es mera coincidencia la desmesura y la violencia machista de la policía y el poder judicial? 

A todas las preguntas, la respuesta es no. Alineado con Milei, seguir sus pasos es también profundizar y mostrar en actos públicos de gobernanza el desprecio machirulo cada vez menos disimulado. Y no nos vengan con la perorata de «en este gobierno hay cargos ocupados por mujeres» porque ya aprendimos al respecto. ¿Acaso le molestan las mujeres de las organizaciones sociales que politizan sus vidas armando y extendiendo la sostenibilidad de la vida de forma colectiva y comunitaria? ¿Acaso molestan las que paran la olla a diario y prescinden de mandatos vinculados a la buena mujer? 

Militar, estar en la calle, organizar y organizarse, para asistir a los que menos tienen no es delito. Delito es determinar allanamientos, llevarse esposadas a mujeres solo para pedirle sus datos. Delito es el hambre que padece más de la mitad de la población de Neuquén. Delito es que el gobierno provincial y  el Poder Judicial – encabezado por el Fiscal Pablo Vignaroli –  construyan shows mediáticos para estigmatizar, mentir y destruir. Delito es tener en el gobierno a un ministro de Trabajo que no cumple una medida cautelar judicial. 

Delito es la crueldad.