Por primera vez en Neuquén funcionarios provinciales fueron declarados responsables de estrago culposo cuyo resultado fue la muerte de 3 personas, la docente Mónica Jara y los trabajadores de la obra Mariano Spinedi y Nicolás Frances, en la escuela 144 de Aguada San Roque. Uno de los abogados querellantes, Federico Egea, analizó los alcances sociales de este fallo histórico.

“Estamos bastante satisfechos con el veredicto. Es histórico porque por primera vez en la historia de Neuquén se sentaron en el banquillo los funcionarios de obra pública y se los condenó por un estrago que efectivamente cometieron, y que además está estrechamente vinculado con la corrupción, con lo cual es paradigmático porque involucra no solo la corrupción, sino toda la deficiencia estructural de la obra pública cuando es utilizada solamente para generar lucro para los empresarios y para los funcionarios, y no para satisfacer demandas sociales a las que supuestamente están destinadas”, afirmó Federico Egea, quien junto a Darío Kosovsky, integró la querella.

El martes 3 de septiembre los Jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo declararon a los funcionarios de Obras Públicas Raúl Capdevilla, Carlos Córdoba y Sergio Percat, y a los empresarios Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni responsables de cometer diversas acciones y omisiones, incumplimientos y conductas negligentes que generaron un riesgo indebido, es decir la explosión que terminó con la vida de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi, el 29 de junio de 2021.

Egea sostuvo que esta condena “visibiliza la corrupción en la obra pública y los gravísimos daños sociales que genera, no solo en la calidad de las estructuras, sino, en este caso, en la vida de los trabajadores y trabajadoras. Tiene que servir para evitar que se produzcan hechos de esa naturaleza de nuevo”. Neuquén tiene el antecedente de Silvia Roggetti, que falleció en junio de 2000 luego de accidentarse en la escuela N°197 de Neuquén Capital. “El caso de Silvia Roggetti es también paradigmático porque es una escuela en obras, con personal docente trabajando ahí, tuvo un accidente que fue producto de la inseguridad con la que estaba trabajando. Y lamentablemente no hubo ni siquiera una investigación fiscal”, remarcó el abogado.

En cuanto al fallo de Aguada San Roque, Egea advirtió que “es muy importante que los funcionarios que fueron declarados responsables tengan penas de cumplimiento efectivo. Entendemos que tienen que recibir penas superiores a los 3 años de manera tal que sea el cumplimiento efectivo para garantizar que no quede impune, como una forma de lograr inhabilitaciones por buen tiempo”.

Además, el abogado destacó que “es fundamental el posicionamiento de la justicia en el sentido de visibilizar los niveles de desinterés que existen desde la gestión de la cosa pública respecto a la seguridad de las personas, de la salud de las y los alumnos que van a las escuelas, y que la corrupción es el motor que mueve esto”.

En este sentido, sobre la responsabilidad de los gobiernos y del Estado en estos casos expresó que “es importante la sentencia por la punición, por el castigo. Ahora quienes estén en esos roles ven que hay castigo, que hay sentencia, que hay condenas, es una advertencia decir que esto no queda más impune, que hay entramados sociales -en este caso el sindicato, los familiares de las víctimas-, que están dispuestos a llevar estas investigaciones a juicio y a obtener condenas. Entonces el impacto va a venir más desde el miedo a ser condenados que desde la conciencia de que hay que hacer las cosas bien. Lamentablemente”. 

Mónica Jara, Mariano Spinedi y Nicolás Frances, presentes!