Por Camila Vautier.-

Continúan las acciones en defensa del agua a poco más de una semana de la aprobación de la megaminería en Mendoza. En esta nota, Alejandra Ciriza, investigadora del Conicet y activista mendocina, analiza la potencia de la lucha en defensa del agua en esa provincia que emerge y desborda las calles, cuando la política se disocia de la voluntad popular. 

Se viven días densos en la República Argentina. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta aprobar una reforma laboral y un presupuesto de ajuste en el Congreso Nacional, las calles se colman de resistencias para frenar el modelo económico extractivista. Como ocurre en este preciso momento en la provincia de Mendoza, epicentro de las luchas contra la megaminería.

Alejandra Ciriza es investigadora del Conicet, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, activista feminista y por memoria, verdad y justicia de Mendoza y al filo del verano, me escribe en el chat con urgencia: “el jueves 11 hubo una nueva marcha con represión feroz. Al menos 17 detenidos, muchxs de ellxs brutalmente golpeados”. 

Desde el martes 9 de diciembre, cuando la Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino en Uspallata, conocido como San Jorge, con una multitud en las calles en contra y la legislatura vallada con un fuerte operativo policial, la sociedad está en estado de alerta y movilización. 

“Estos días los vivimos con un profundo sentido de la necesidad de defender el agua de Mendoza, la necesidad de defender lo que es de todos, todas, como aquello de lo que somos parte”, dice la activista.  

La casta política, al servicio de las mineras

“La aprobación del proyecto minero estaba cantado, muchos de nosotros y nosotras lo sabíamos”, reconoce Ciriza, quien desde hace años participa de las movilizaciones en defensa del ambiente. Para ella, la decisión de la Legislatura a espaldas del pueblo se explica, en gran medida, por la pérdida de representatividad de los políticos. “Los políticos ya no representan la voluntad popular, sino solo sus mezquinos intereses particulares y sus arreglos con las mineras”, asegura. 

“Hay una contraposición en el modo en que la sociedad percibe la cuestión del agua y de la megaminería, y en cómo lo hacen los representantes políticos y sus cómplices, como los grandes medios de comunicación que buscan crear sentido común favorable a las mineras”, analiza. 

El proyecto minero cuenta con el apoyo explícito tanto del gobernador Alfredo Cornejo, quien ya expresó públicamente querer ser recordado como el “impulsor de la minería en su provincia”; como del presidente Javier Milei, quien escribió en su cuenta de X que “esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería”.

En el informe Regresiones Ambientales Bajo el Gobierno de Javier Milei 2024-2025, la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas, aseguran que hay un escenario regresivo “claro y contundente” desde diciembre de 2023. “Una de las mayores características del programa de la extrema derecha libertaria es la vertiginosidad y aceleración de las reformas en curso, posibilitadas por las facultades extraordinarias, de alto impacto económico, cultural y social”, describen. 

“El gobierno de Milei profundiza reformas que agravan los impactos del modelo extractivista, afirma una política de negación del cambio climático, elimina y desmantela políticas públicas de corte socioambiental que se han generado en las últimas décadas, mientras suprime marcos de protección de derechos humanos y ambientales, y promueve la represión y criminalización de protestas legítimas”, alertan los especialistas. 

Mendoza, historia de resistencias 

Mientras dentro de la Legislatura se votaba el proyecto minero, en las calles se escuchaba un mensaje claro: el agua no se negocia. Ese día a las puertas del Senado llegaron columnas que recorrieron alrededor de 100 kilómetros desde el Valle de Uco, Malargüe, San Carlos, General Alvear, Uspallata, entre otros puntos de la provincia hasta la capital de Mendoza para alzar la voz contra los atropellos de la política.

Desde entonces, las acciones en defensa del ambiente continúan con marchas, ruidazos y jornadas informativas. “Las marchas se viven con alegría. Hay muchos jóvenes que asumen esas luchas. Estamos quienes venimos de luchas largas, pero los jóvenes saben que el planeta es finito, que hay que cuidar la tierra y el agua”, cuenta Alejandra. 

Es que Mendoza tiene una larga historia de luchas en defensa del agua. El hito más reciente fue 2019. En diciembre de ese año, el pueblo de Mendoza protagonizó históricas movilizaciones para revertir la modificación de la Ley 7722, acordada por radicales y peronistas, que reabría las puertas de la provincia a la megaminería. “Tuvieron el consenso de los representantes de los partidos políticos mayoritarios, pero no hubo consenso social. Hubo unas puebladas muy importantes. Fue la resistencia popular lo que logró retrotraer y sostener la vigencia de la 7722”, recuerda la activista. 

Para la investigadora, aquel escenario de 2019 se parece muchísimo a lo que estamos viendo hoy. “Es la misma tentativa, pero en condiciones más desfavorables por el uso brutal del aparato represivo en la provincia, además de la judicialización de los luchadores por la defensa del agua”, afirma. 

Aún hay dos activistas que siguen detenidos por las marchas de los últimos días: Facundo y Renzo Gollanos. 

“Muestra hasta qué punto llega la presencia de los intereses mineros en la provincia en esta fase del capitalismo de profundización del extractivismo, con un gobierno neoliberal y fascista. Esto no cierra sin palo y judicialización”, dice Ciriza. 

¿Por qué decirle “NO” al proyecto San Jorge?

La sanción del proyecto San Jorge, rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, habilita a la empresa Minera San Jorge S.A. (perteneciente a la multinacional Solway Holding) a llevar a cabo la explotación minera metalífera en Uspallata y conformarse, así, como el primer proyecto de explotación de cobre en el país en las nacientes del río Mendoza.

La cuenca abastece a una población de 1,5 millones de habitantes. Tres de cada cuatro mendocinos toman agua que proviene del acuífero Uspallata. Según informaron desde la Asamblea Popular por el Agua, la empresa “usaría sustancias tóxicas como xantato y liberaría metales pesados, que podrían contaminar el río Mendoza , poniendo en grave riesgo el agua potable”. 

Así lo explica Marcelo Giraud, geógrafo e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, además de miembro de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en una reciente entrevista: “Principalmente tiene que ver con el agua. La empresa no garantiza que no vaya a haber drenaje ácido de la mina que pueda contaminar el acuífero de Uspallata y, por lo tanto, el acuífero del río Mendoza. Ese impacto es justamente la contaminación de las aguas subterráneas, el impacto más difícil de identificar tempranamente y de poder remediar en caso de producirse”.

Unir las luchas

“Para los feminismos la defensa del agua, la tierra y la vida es central. La megaminería viene acompañada de la militarización de los territorios, del uso de armas, de otros negocios como el tráfico de seres humanos para la explotación sexual”, alerta Alejandra Ciriza. 

Hacer frente a este modelo que avanza con la complicidad política, económica y mediática no será fácil. La tarea, concluye la activista, será, en cada rincón, “unir las luchas”.