Julio César Castro fue removido del Ministerio Público Fiscal (MFP) de la Nación luego de ser denunciado por una trabajadora por acoso sexual y laboral. El fiscal federal, que investigaba delitos sexuales, también había sido acusado de mantener un intercambio “indecoroso” por Twitter con una niña y condenado por abuso sexual con acceso carnal contra su ex pareja. “Que Castro sea removido permite hacer un corte en todas las situaciones de malos tratos y abuso de poder al interior del MPF. Queremos ir a trabajar tranquilas, y poder defendernos como defendemos a quienes vienen al servicio de justicia con sus denuncias”, asegura Paula Mañueco, abogada, feminista e integrante de la Colectiva de Trabajadoras del MPF.

El jueves 6 de mayo el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal resolvió remover al fiscal federal Julio César Castro por mal desempeño al considerar probados todos los episodios de acoso laboral, sexual y de maltrato y abuso de poder hacia sus empleadas y empleados. Se desempeñó en la justicia desde 1995 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era titular de la fiscalía N°13 y sub-rogaba otras fiscalías, por lo que tuvo a su cargo numerosos equipos de trabajo. Fue el fiscal que acusó a José Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson, fue el primer titular de Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, y había sido propuesto por el gobierno de Mauricio Macri para ser juez.

Un hombre muy poderoso, que validaba su poder en todos los ámbitos. “No es un monstruo, sino un exponente de la violencia patriarcal, muy exacerbado”, aclara Mañueco, quien acompañó a la denunciante de Castro en el proceso del jury. Es abogada y actualmente trabaja en una fiscalía de San Martín, provincia de Buenos Aires, que aborda delitos como la trata de personas, narcotráfico, delitos extorsivos y también de lesa humanidad. Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, donde formó parte de la Comisión de Mujeres que impulsó el sumario que resolvió la destitución del docente Patricio Orlando.

En diálogo con La Revuelta, Mañueco analiza lo ocurrido con Castro como una situación de extrema expresión de la violencia patriarcal y machista dentro de la justicia. Asegura que si bien la denunciante transitó casi todo el proceso en soledad (la primera denuncia la hizo antes del primer Ni Una Menos), la remoción del fiscal es un “quiebre, que no hubiese ocurrido sin el movimiento de mujeres”.

-¿Cómo fue el proceso de denuncia a Castro?

En 2014 una trabajadora del MPF que había trabajado con Castro desde 2012 lo denunció por acoso laboral y sexual, maltrato y abuso de poder. Todo el mundo sabía cómo se manejaba Castro, ya habían caído varios equipos de trabajo, se habían trasladado personas a otras provincias, mucha gente renunció. El último episodio fuerte de maltrato lo vive en el contexto cuando ella se entera que estaba embarazada, eso le trajo muchas consecuencias a su salud, entonces ahí decidió hacer la denuncia por escrito. Un compañero la acompaña pero es la única que firma la denuncia. Cuenta todo lo vivido, menciona nombres de otras compañeras/os que ella había visto pasar situaciones de maltrato.

Castro tenía un encono particular con las mujeres, las denostaba mucho en función de su físico. Cuando alguna no aceptaba sus ofrecimientos sexuales -que eran constantes-, no aceptaban invitaciones a tomar café o irse de vacaciones, empezaba con malos tratos de índole laboral: vaciamiento de tareas, les sacaba el escritorio, las sillas, dejaba oficinas sin empleados. Con los varones buscaba la complicidad de quienes él consideraba buenos y les “daba la cabeza”, los que no consideraba que no estaban en su grupo selecto los denostaba. 

Lo más complejo del acoso laboral es que en medio de toda la denuncia tenés que seguir trabajando. Ella pide un pase, lo consigue en 2016 y empieza a trabajar en la fiscalía donde yo trabajo. En diciembre de 2016 todavía la denuncia no había tenido ningún tipo de movimiento. Ahí se entera que el ministro de Justicia de la gestión de Macri (Germán Garavano), lo había propuesto a Castro para que fuera juez nacional. Como la terna tiene que pasar por el Senado ella presenta ahí una impugnación. En la audiencia pública de pliegos en la comisión de Acuerdos se pone en debate su impugnación junto con otra que tenía que ver con un intercambio de tuits “indecorosos” lo llaman ahí, pero en realidad eran mensajes de seducción de Castro con una niña menor de edad. Se resuelve por unanimidad que no podía ser ternado porque no cumplía con el requisito de idoneidad.

En marzo de 2017 se dispuso la apertura del sumario. Duró un año, se tomaron testimoniales en cámara Gesell. Es un mecanismo previsto inicialmente para menores de edad, que tiene como pauta principal que la persona que declara no esté expuesta ante el posible perpetrador ni a las preguntas directas de la defensa, porque en estos casos las defensas suelen apuntar a destrozar las víctimas, desmerecerlas y demolerlas psicológicamente y de esa manera desacreditarlas. Estamos hablando de personas adultas, mujeres y varones, profesionales del Derecho, con carrera judicial que para poder hablar de lo que les había hecho Castro tuvieron que hacerlo en cámara Gesell, acompañadas de una psicóloga.

Se llamó como testigos a todas las personas que trabajaron con él y así fue que aparecieron víctimas desde el mismo año que entró a trabajar a la Procuración, 1995/97. Se constató un patrón de conducta de malos tratos, de desprecio hacia trabajadoras/es que se sostuvo desde por lo menos 1997 hasta la primera denuncia en 2014. Esa denuncia sí fue el fin de los maltratos, porque Castro empezó a tomarse licencia psiquiátrica. Cuando el sumario estaba llegando a su fin, recibió una denuncia penal por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género por parte de su ex pareja. Ella se animó a denunciarlo cuando se enteró del sumario. En diciembre 2019 fue condenado por abuso sexual y lesiones.

Cuando sucede esta condena penal, casi en contemporáneo, la Procuración decide hacer el jury. En el medio Castro quiso renunciar, para dejar el cargo y cobrar la jubilación de privilegio. Ahí la gestión, cuidándose de las consecuencias, no se la aceptó. Además, era todo muy hermético, nos enterábamos de rebote.

-¿La denunciante estuvo acompañada?

La primera denuncia es anterior al primer Ni Una Menos. No recibió apoyo de agrupaciones sindicales o dentro del MPF que estuvieran trabajando con violencia de género.

En los distintos momentos no hubo un espacio para contener a las víctimas, había sensación de desolación y desconfianza. Hay muchas situaciones de malos tratos en el ámbito judicial. Recibimos numerosas adhesiones, la mayoría anónimas, pero nos decían que por favor no aflojemos, porque se necesita que Castro sea removido para poder hacer un corte en todas las situaciones de malos tratos y abuso de poder al interior del MPF.

El daño que genera la extensión de estos procesos es muy complejo, cuando escuchas todo el tiempo que sos una inútil, que no servís para nada o que sos una conflictiva eso también te afecta en tu cotidianeidad. Después de 7 años esta compañera se da cuenta que la conflictiva no era ella, y está recuperando su autoestima.

-¿Cómo surge la Colectiva de Trabajadoras?

La Colectiva de Trabajadoras se armó al calor de organizar los paros del 8M, en 2017. Soy una defensora de la unidad y militancia sindical de base, los sindicatos son los espacios donde pelear para llevar nuestras demandas y reivindicaciones. Pero en este caso los sindicatos no se coparon y las pibas se organizaron, y armaron una colectiva, y pararon. Es un grupo de WhatsApp, no tiene redes sociales, una compañera armó un logo. Es muy rara la pertenencia, nos conocemos poco personalmente, no hay asambleas.

-En una nota en Página 12 de Marisa Herrera analiza la reforma judicial, y plantea que la justicia funciona como una familia. En este caso hay muchos de esos elementos: hermetismos, silencios, violencias, autoestima.

Sí desde ya. La lógica del Poder Judicial es la más jerárquica y más dura de todas las instancias estatales. Tiene la particularidad que todos los cargos son vitalicios. Hay una idea que ellos van a estar ahí siempre y no se puede hacer nada, muy similar a la idea de la familia: es lo que te tocó.

Las denuncias son disruptivas pero no son un fin en sí mismo. No es gratis denunciar. Lo de Castro abarca conductas de acoso sexual y laboral. No hubiese habido este quiebre si no tenemos el movimiento de mujeres. Difícilmente las situaciones de violencia hacia los varones se hubiesen visibilizado si no hubiese habido un cambio de mirada.

La lógica feminista mejora la manera de construir las relaciones interpersonales, porque el abuso de poder tiene una matriz patriarcal. Un varón como Castro, de los más poderosos dentro del mundo judicial por ser fiscal, sigue validándose demoliendo a sus empleados/as.

Durante el jury la defensa dijo que alrededor de Castro se había construido un monstruo. En un comunicado desde la Colectiva contestamos que no es un monstruo, sino un exponente de la violencia patriarcal, y muy exacerbado.

La exigencia concreta es: queremos ir a trabajar tranquilas, queremos defendernos entre nosotras de la misma manera que defendemos a quienes vienen al servicio de justicia a traer sus denuncias.

-En cuanto a todo el proceso del jury, de alzar la voz y quebrar las estructuras ¿hay algún paralelismo con el sumario a Patricio Orlando?

Este proceso fue sumamente dañino, no hubo instancias reparadoras. La enseñanza más importante es que el objetivo es que no pase todo lo anterior y que cuando haya una denuncia se ayude a la denunciante. Ésa es la diferencia con lo de Patricio Orlando. Acá no hubo grupalidad ni colectivo. Hay que recomponer el entramado y pensar las prácticas hacia futuro. 

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