EL PEREJILAZO
Día de lucha por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe
28 de septiembre de 2005
En el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. “Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
El 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, es una fecha emblemática del movimiento de mujeres en esta región. Fue instaurada el año 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en San Bernardo-Argentina. La fecha no es casual ni caprichosa, se propuso coincidiendo con la declaración de libertad de vientres para los hijos/as de las esclavas, sancionada en 1888 en Brasil.
¿Por qué estamos en las puertas de la legislatura pcial.?
Despenalizar y legalizar el aborto es un tema que atañe al ámbito nacional, en tanto requiere de modificaciones en el Código Penal. Sin embargo, estamos aquí porque:
-En las legislaturas y en el Congreso Nacional de este sistema se definen las políticas públicas que tienen impacto en nuestras vidas cotidianas.
-Sabemos que los diputados y diputadas tienen la responsabilidad de colaborar para generar el debate que la sociedad necesita y que las mujeres nos merecemos, en pos de evitar que la situación de clandestinidad del aborto siga cobrándose nuestras vidas.
Porque... ¿de qué vida hablan?
De acuerdo con la OMS, cada año 46 millones de mujeres deciden abortar, en el mundo se registra una muerte por complicaciones derivadas del aborto cada seis minutos.
En América Latina se calcula que sobre aproximadamente 4 millones de abortos anuales se registran 6000 muertes. El aborto (ilegal y por ello inseguro –para las mujeres pobres-) figura entre las principales causas de muerte materna: ocupa el primer lugar en Argentina, Paraguay y Chile, el segundo en Colombia y Perú, el tercero en Brasil, Panamá y México. Se calcula que entre el 10% y el 30% de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos de latinoamérica están ocupadas por mujeres que padecen las consecuencias de abortos practicados en condiciones inadecuadas.
En Argentina hay 20 veces más muertes por aborto que en los países que lo han legalizado.
Digamos que son muchas las mujeres recurren al aborto cuando han decidido interrumpir un embarazo no deseado. Hay quienes pueden pagarlo y no arriesgan sus vidas, ya que siempre hay profesionales que lucran con la ilegalidad de esta práctica. Otras, lo hacen aún sabiendo que pueden morir en el intento, muchas veces utilizan tallos de perejil.
Hemos elaborado una nueva definición para esta palabra y que conviene incorporar al significado que ya posee; perejil: planta aromática que suelen utilizar las mujeres para interrumpir un embarazo no deseado, en los países donde el aborto es ilegal.
Y queremos preguntales a los diputados y diputadas ¿les importa la vida de las mujeres? ¿Reconocen y respetan la laicidad del estado? ¿Qué están dipuestos/as a hacer entonces?
Como mujeres feministas, decimos basta de hipocresías, el aborto es una realidad. Estar en contra del aborto es estar en contra de las decisiones de las mujeres, es obligarnos e imponernos dogmas religiosos y morales a toda la sociedad cuando este estado se define como laico; en definitiva... estar en contra del aborto legal es estar a favor de que siga siendo clandestino.
Decimos con nuestras hermanas brasileras: La mujer decide, la sociedad respeta y el estado garantiza. Así entendemos que debería ser una sociedad donde se ejerza la ciudadanía sexual plena y democrática. Es hora de que hablen todas y todos los diputados de esta legislatura.
Colectiva Feminista “La Revuelta” - “Se dice de mí” (Programa de Mujeres)
Comunicado de la Colectiva Feminista La Revuelta en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
28 de Mayo: Día de Acción por la Salud de las Mujeres
En Argentina, 900 mil mujeres están privadas de la provisión de métodos anticonceptivos, desde la gestión de la Ministra Graciela Ocaña.
Así se informó en una nota elaborada por Pilar Ferreira, y publicada en el diario Clarín el pasado 14 de mayo. El informe cuenta con los datos del monitoreo realizado en la mayoría de las provincias del país, por el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) que desde hace años viene realizando un trabajo de seguimiento del cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Se constata que sólo la falta de provisión de anticonceptivos orales afectó en la Provincia de Buenos Aires a medio millón de mujeres. Y en Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Cruz, San Juan, Misiones, Corrientes y Córdoba a otras 400 mil.
En Buenos Aires, hubo honrosas excepciones, los municipios de Tandil y Mar del Plata compraron los medicamentos con presupuesto propio. También algunos hospitales públicos de La Plata.
En Ciudad de Buenos Aires no faltaron anticonceptivos orales porque el gobierno porteño los adquirió. Otras provincias tampoco sufrieron desabastecimiento: Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, La Rioja, Neuquén y Río Negro.
También falta folletería muy importante. Como ser, el protocolo de atención pre y post aborto, que funciona para casos que se encuadran dentro de la ley, y que evitarían las judicializaciones existentes. Dicho protocolo fue elaborado durante la gestión del antecesor de Graciela Ocaña, Ginés García, detractado por la iglesia por sus acciones favorables al cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
En Neuquén, dicho estudio fue realizado por la Colectiva Feminista La Revuelta. La información preliminar recogida, permite trazar un “mapa” de las percepciones de mujeres que se relacionan con el servicio de salud desde distintos lugares: como trabajadoras, como usuarias, como promotoras, como funcionarias.
En general, expresan, hay “mucha ley y poca acción concreta”: un programa de Salud Sexual y Reproductiva con presupuesto propio pero partidas insuficientes; incoherencia de funcionarios que legislan leyes progresistas y -por otro lado-, cuestionan el derecho a decidir de las mujeres; instituciones impregnadas de fundamentalismo que se refleja tanto en el asesoramiento en métodos anticonceptivos como maltrato a mujeres que llegan al hospital con abortos en curso; poca difusión de la sexualidad como derecho y de campañas de información-prevención. Las dificultades no están tanto en acceder geográficamente a los lugares de atención, sino en la apropiación de la salud sexual y reproductiva como un derecho, “que hay que reclamar y no mendigar”. La necesidad de legalizar la interrupción de los embarazos en todos los casos en que las mujeres lo decidan es una demanda común en todas las entrevistas, una clara “legalización moral” de una práctica que es vista no sólo como un tema de salud pública sino también como garantía en el ejercicio de los derechos de las mujeres.
Este 28 de mayo, desde la Colectiva La Revuelta estaremos presentes en la acción en el Congreso de la Nación, para reclamar el tratamiento del proyecto de Ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Junto a diversas organizaciones, colectivas y grupos del movimiento feminista y del movimiento de mujeres seguimos exigiendo:
- Despenalización y legalización del aborto.
- Estado laico y democrático que garantice el cumplimiento sin judicialización de los abortos legales contemplados en el artículo 86 del código penal.
- Educación sexual integral antidiscriminatoria, no androcéntrica, no sexista, no heterosexista.
- Cumplimiento efectivo del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
CARTA ABIERTA A LA MINISTRA OCAÑA
de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito LAS LEYES QUE AMPARAN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES DEBEN CUMPLIRSE NO VIOLARSE IMPUNEMENTE
28 de septiembre de 2008
En este día de lucha y activismo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito manifestamos nuestra protesta y extrema preocupación por los numerosos atropellos y violaciones que se vienen sucediendo en el país contra el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres consagrados en la legislación vigente que se incumple en todos los niveles: desde los tratados y convenciones internacionales incorporados a la Constitución Nacional (art. 75), el Código Penal, las leyes nacionales de salud y de educación sexual, las disposiciones reglamentarias de atención del postaborto. Leyes que Leyes que son conquistadas por los reclamos y luchas del movimiento de mujeres a este Estado mediante innumerables y variadas estrategias.
El caso de la niña de 12 años de Mendoza, abusada sexualmente, a la que se le negó el aborto no punible pedido por la madre, se la sometió a una judicialización indebida, encierro abusivo y discriminatorio en un hospital, dilaciones y presiones para hacerla desistir de la interrupción de dicho embarazo, fruto de una violación, volvió a evidenciar la hipocresía y la crueldad de funcionarios y jueces que se arrogan el poder de decidir sobre nuestros cuerpos, desde sus creencias y presupuestos dogmáticos desconociendo nuestros derechos. No obstante, esa dolorosa tragedia es apenas una de las muchas que venimos sufriendo las mujeres sin que la Ministra Ocaña desde que asumiera como responsable del área de Salud Pública, haya garantizado el cumplimiento de las leyes y programas que garantizan el derecho a la salud de las mujeres, al acceso a la anticoncepción hormonal y quirúrgica y la prevención de las escalofriantes cifras de la mortalidad de mujeres por gestación (MM).
Denunciamos que la ministra Ocaña y su gestión:
- se hace cómplice de interpretaciones restrictivas del Código Penal en casos de aborto legal (no punible) y niega la práctica de aborto terapéutico contemplado en el art. 86 del Código Penal;
- ha frenado la distribución de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, elaborada por la gestión anterior, que daba un marco para la aplicación de la normativa sobre abortos no punibles;
- se niega a reconocer que las muertes por complicaciones post abortivas como consecuencia de abortos riesgosos a los que lleva la clandestinidad, sigue siendo la primera causa de muerte de mujeres en edad gestacional.
- es responsable que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sigue sufriendo los embates de la falta de presupuesto y de falta de decisión política de aplicación efectiva;
- incumple con sus responsabilidades, en tanto las autoridades deben ejecutar políticas públicas que garanticen el derecho y el acceso a la salud;
- no garantiza los derechos de las mujeres a decidir autónomamente sobre sus vidas sexuales y reproductivas, sino que contribuye a violarlos.
Frente a esta situación seguimos reclamando con nuestras hermanas latinoamericanas el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.
Resulta imperiosa la aplicación efectiva de las leyes vigentes garantizando educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, seguiremos dando impulso al debate político por la despenalización y legalización del aborto a través del proyecto presentado en el Congreso de la Nación en mayo de 2007 y que actualmente cuenta con las firmas de 22 diputadas y diputados nacionales.
Insistimos que la maternidad no se impone vía leyes punitivas que siguen mostrando su inutilidad y cuyo resultado se expresa en el número de abortos que diariamente se producen en nuestro país.
Ministra: la clandestinidad del aborto no impide su práctica.
Ministra: los dogmas y doctrinas religiosas no pueden imponerse en un estado laico.
Ministra: las mujeres tenemos derecho a decidir sobre la continuidad de un embarazo según nuestros proyectos de vida.
Ministra: la maternidad debe ser una elección.
Ministra: las leyes están para ser cumplidas y nuestros derechos deben dejar de ser constantemente violados.
Ministra: recuerde que no hacer un aborto legal es un delito.
Ministra: hoy es usted la máxima responsable de garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo anticoncepción de emergencia.
Como CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO SEGUIMOS EXIGIENDO: EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
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