Profesionales del espacio de asesoramiento legal y acompañamiento psicológico insistieron en la ilegalidad del protocolo de intervención ante violencia laboral que se aplica en el ámbito del Ejecutivo provincial y presentaron una nueva nota en Casa de Gobierno.

“Denunciamos la ilegalidad del protocolo de intervención y prevención de la violencia laboral en el Ejecutivo provincial. Insistimos porque desde el primer momento leímos el texto y visualizamos que era ilegal porque violaba todas las normas jurídicas. Advertíamos que el protocolo iba a causar una revictimización y mayores problemas a las personas que denuncian violencia. Fue lo que efectivamente ocurrió”, explicó María Angélica Acosta Meza, abogada de Socorro Violeta. 

En julio del año pasado Socorro Violeta y La Revuelta presentaron un reclamo administrativo a la provincia. Acosta Meza remarcó que las respuestas por parte del Ejecutivo no fueron satisfactorias en tanto no reconocieron la ilegalidad denunciada y que por tal motivo iniciaron una demanda judicial solicitando que el protocolo se adecue a la normativa de los organismos internacionales y de la Constitución Nacional. En esta oportunidad, y ante el nuevo gobierno provincial, las profesionales reiteraron el pedido de reunión con funcionarios para abordar el tema.

Además, la abogada reveló que “se filtró informe que mandó a realizar el Ejecutivo y donde da cuenta que la oficina de prevención de la violencia laboral revictimiza a las personas que denuncian, no les da una respuesta y no hay seguimiento. Muchas de las personas que denuncian se van en peores condiciones de las que llegaron”. Desde Socorro Violeta aseguraron que se acercaron al espacio de asesoramiento mujeres hicieron uso del protocolo para denunciar y que fueron revictimizadas, que la situación de violencia laboral se agravó y que quedaron expuestas a peores destratos e incluso sin trabajo.

En este sentido, Acosta Meza indicó que “es muy bueno crear una estructura, dar una intervención ante la violencia laboral, pero si esa estructura lo que en verdad hace es reproducir la violencia cuanto menos hay que revisarla”.

Cabe recordar que el protocolo fue anunciado luego de las denuncias contra funcionarios públicos Ernesto Seguel y Adrián Urrutia, quienes renunciaron a sus cargos, sin ningún tipo de investigación o reparación para las denunciantes.