Después de 16 años de juicios se pudo comprobar en Neuquén la compleja trama de delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica. Con la reciente condena al ex juez Pedro Laurentino Duarte y al ex fiscal de la Nación Marcelo Ortiz, se acreditó la sistematicidad por parte de sectores del Poder Judicial para encubrir el terrorismo de Estado, no investigar estos crímenes y no proteger derechos básicos durante la dictadura. Así lo analizan los abogados querellantes por la APDH, Marcelo Medrano y Bruno Vadalá, quienes también reflexionan sobre los aportes de los feminismos al proceso de memoria, verdad y justicia, y sobre los desafíos que presentan las derechas con sus narrativas negacionistas. 

El 17 de diciembre el Tribunal Oral Federal (integrado por por la jueza María Paula Marisi -presidenta-, Alejandro Silva y Sebastián Foglia), dio a conocer el veredicto del juicio conocido como “Escuelita VIII”, en el cual sentenció a 11 años de prisión efectiva tanto a Duarte como a Ortiz. Fueron considerados partícipes secundarios “del delito de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravado por el empleo de violencia” y autores “en concurso ideal con el delito de omisión promover la persecución penal”. Duarte también fue encontrado responsable del delito de prevaricato -fallar como juez en contra de lo que indica la ley-.

Medrano explicó que las condenas fueron por distintos hechos, pero que en la gran mayoría coincidieron las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el trámite de los habeas corpus y de las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 27 víctimas del terrorismo de Estado.

“(Este veredicto) cierra la historia del terrorismo de Estado en Neuquén. Es poder haber acreditado la parte civil, en este caso con funcionarios judiciales, que corona la historia -que es una sola pero se dividió en tramos por una cuestión judicial-”, remarca Vadalá. El primer juicio fue en 2008 sobre 8 ex militares acusados de cometer secuestros, torturas, privaciones ilegales y desapariciones en el ex centro clandestino de detención “La Escuelita”. A partir de ese momento, recuerdan los abogados, en el relato de testigos, testigas y sobrevivientes, empezaron a aparecer las omisiones de las instituciones judiciales durante la dictadura. “Después eso se empieza a condensar y a detectar que en realidad había una sistematicidad en la negativa del Poder Judicial a proteger derechos básicos en dictadura. La causa empezó en 2012 y se inicia por la cantidad de víctimas y familiares que dijeron haber presentado habeas corpus y no habían tenido ninguna respuesta”, explica Medrano.

El abogado y activista por los Derechos Humanos en Neuquén, afirma que durante los juicios y en este tramo en particular se pudo demostrar cómo la dictadura no fue sólo militar, sino también civil, eclesiástica y empresaria. También se evidenció el rol de los medios de comunicación, de los poderes gubernamentales y la reacción de la sociedad. “Duarte y Ortiz son el paradigma del desconocimiento de lo que sucedía en la dictadura. Ellos dijeron que empezaron a conocer sobre lo sucedido a partir del 84. Y esto tiene mucho que ver con el presente, con el avance del gobierno nacional (sobre los derechos humanos) ¿Qué vamos a decir en el 2040, que no sabíamos, que nos pasaba desapercibido? Desde la acusación planteamos -y probamos- que era imposible que no supieran lo que acontecía en el mismo momento, y que ellos fueron puestos ahí para garantizar la legitimidad y la impunidad de la dictadura”, explica Medrano. 

Parte del veredicto incluyó las jubilaciones de privilegio que perciben Duarte y Ortiz. Se consignó la orden de remitir copia del fallo a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y al juez previsional que corresponda. Esto responde al pedido de comunicar la sentencia a los organismos competentes para que los exfuncionarios judiciales dejen de cobrar jubilaciones de privilegio. “Es indignante, y es algo que no había ocurrido antes. A ellos se les reconocen años de servicio durante el terrorismo de Estado, y acá comprobamos que durante esos años estaban cometiendo actos criminales, entonces no puede ser que se reconozcan como aportes al sistema jubilatorio”, puntualiza Vadalá. Las jubilaciones que reciben alcanzan los 20 millones de pesos. 

Es probable que “La Escuelita VIII” sea el último juicio de lesa humanidad en la región. Si bien hay otros casos elevados al Tribunal, por la edad de los imputados y de las personas sobrevivientes, no estarían dadas las condiciones para llegar al proceso oral y público. “Hay personas que han dejado su salud y hasta su vida en esto”, asegura Medrano y recuerda que lograron que Guillermo Correa, Noemí Labrune, Oscar e Inés Ragni, por tener más de 90 años declaren de manera anticipada “por temor a que algo pase”. Tantos años de lucha, tantas puertas golpeadas, tantas marchas, tantas preguntas, tantas audiencias presenciadas, tanta vida puesta por la memoria, la verdad y la justicia. Noemí Labrune, fundadora de la APDH y del CELS falleció el 10 de septiembre de 2023. Inés Ragni, una de las Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, murió el 1 de septiembre de 2024, unos meses antes el 18 de julio había partido su compañero, Oscar. Se fueron sin saber qué pasó con su hijo Oscar Ragni, desaparecido desde el 23 de diciembre de 1976. 

La fuerza y la mirada crítica de los feminismos y las mujeres

Dora Seguel fue la primera mujer en denunciar los abusos sexuales durante la dictadura en Neuquén. Fue secuestrada en Cutral Co junto a sus dos hermanas. A ella y a Argentina las liberaron a la semana en Bahía Blanca. Arlene Seguel, la mayor, sigue desaparecida. En 2021 el Tribunal Oral Federal condenó a 9 de los 15  acusados en “La Escuelita VII”, por abuso y por violación, crímenes que por primera vez fueron juzgados de manera autónoma en la provincia.

Los abogados recuerdan el momento de entrevistar a Dora por los abusos que sufrió. “No sabíamos cómo preguntarle, y ella nos tranquilizaba a nosotros”, rememora Vadalá. Medrano agrega que tomaron los conceptos de la autora Rita Segato para considerar que “no se trataba la violencia sexual hacia las mujeres por una cuestión libidinal sino que tenia que ver con el cuerpo de mujer como cuerpo de batalla”.

Medrano también advierte cuánto habilitaron los feminismos en los juicios de lesa humanidad. “El feminismo habilitó discusiones que antes no entraban a la sala de debates. El feminismo empodera la capacidad, la posibilidad, el conocimiento y la sensibilidad para poder declarar sobre violencia sexual en la sala de debate con todo lo que ello genera. Salvo un caso, las que empiezan a habilitar la discusión son las mujeres, primero eran tormentos, después ellas empiezan describir con detalles lo que implica el avance sobre sus cuerpos y eso genera una construcción por la cual un tribunal puede condenar por violencia sexual”, analiza el abogado.

Los juicios han estado rodeado de mujeres: Las Madres de Plaza de Mayo, Noemí Labrune, el grupo de apoyo a las Madres, las que integran la APDH, militantes de distintas organizaciones, sobrevivientes, testigas. “Miles de abrazos, cariños, cafés, tortas, plazas, esa sensibilidad política profunda que tienen las mujeres que te permite entrar a la sala de debates cuando estás roto”, dice Medrano. 

“En Noemí encontré por un lado una mujer implacable, con convicciones de hierro, lúcida, y a la vez su ternura. También ternura en muchas mujeres que sostienen los grupos, que te alientan y te bancan. Y la fortaleza, representada en aquellas mujeres que declararon, contando el dolor que habían vivido, quebradas frente al público pero enteras”, cuenta Vadalá. Medrano agrega “me tocó estar rodeado de mujeres tremendamente valientes, lúcidas, luchadoras, sensibles. Que siguen con esa ternura, que es revolucionaria, y con una fortaleza que marca el camino”.  

¿Cómo sigue la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en un contexto hostil, de discursos negacionistas, de poderes que buscan reivindicar los momentos más oscuros de la historia del país, de odios y crueldades? Vadalá traza algunos ejes: “Hemos ganado los ocho juicios de lesa humanidad en Neuquén y todo el plan que se montó se ha acreditado. Seguiremos trabajando, quizás no es desde una sala de tribunal, sino desde lo pedagógico, lo político, lo académico. Hay que tender puentes entre lo que pasó y lo que pasa, no podemos pensar que el terrorismo de Estado solamente es una cosa de los 70”.