Por Laura Rosso.-

El gobierno nacional vuelve sobre la Ley Nacional de Salud Mental, la que llevó años de debate con organizaciones y profesionales especializados, para proponer una serie de reformas que avanzan sobre derechos fundamentales. 

La Ley 26.657 de Salud Mental fue redactada luego de muchos años de discusión y debate, una ley de avanzada que define a la salud mental “como un proceso multideterminado” y centrado en la persona que lo atraviesa. Sin embargo, viene siendo vapuleada desde su sanción en 2010, y su reglamentación en 2013. Días atrás ingresó al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de modificación. Este proyecto de reforma tiene un claro sesgo manicomial y profundiza estigmas. Por eso, hay una pregunta que se hace Yanela Duimich, psicóloga, escritora, investigadora, docente y militante de salud mental comunitaria, ante el presente tan complejo de la salud mental en nuestro país. Yanela se pregunta: ¿Por qué todos los gobiernos intentan modificar la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones? Desde hace 16 años, esta normativa que logró sancionarse como resultado de luchas históricas no deja de recibir embates. En esta conversación, Yanela echa luz sobre algunos interrogantes.

¿Cuáles son los puntos fuertes de esta ley que se quieren borrar? 

–En principio, se cambia la definición de “padecimiento mental” por “trastorno mental”. Volviendo a la nominación nosológica del paradigma biomédico, que diferencia, describe y clasifica sintomatología. Más allá de la disputa que genera este posicionamiento en relación a la cristalización de los diagnósticos, que afectan la identidad y la vuelve susceptible de estigmas, el regreso al paradigma médico implica mirar síntomas obviando los atravesamientos sociales de la salud mental. Entonces el foco está en reducir y controlar la sintomatología sin preguntar por los desencadenantes sociales que causan el padecimiento. 

¿Qué se propone con respecto a la internación?

-La decisión de la internación, que hoy es interdisciplinaria, con la reforma debe estar firmada por un psiquiatra, desconociendo la realidad actual: hay muchos servicios sin psiquiatra. Hay provincias enteras sin psiquiatras. Entonces, frente a este requisito tendría que firmar un médico que no tiene formación sólida en salud mental.

Ante “lo diferente” aparece de inmediato la institución como opción de encierro.

-Sabemos que las instituciones de encierro buscan retirar la problemática del ámbito social. No incomodar a la sociedad con la “diferencia”. La convivencia es un horizonte al que tenemos que acercarnos generando una modificación estructural en la sociedad, que logre convivir con la idea del padecimiento mental sin que represente un riesgo para el status quo. Dentro del manicomio sabemos que la persona desaparece, se violan los derechos humanos y se pierde la expectativa de la reinserción social. 

Hay también un grave problema en el hecho de la ausencia de políticas públicas que sean consistentes, ¿no?

-De políticas públicas sostenidas. Es indudable que gran parte del sistema ha caminado la desinstitucionalización logrando llevar adelante programas que han modificado la forma de entender y producir salud mental. Incluso resistiendo los constantes ajustes presupuestarios. Los dispositivos de medio camino están en constante conexión con la realidad social, entonces enfrentan dificultades como mudanzas obligadas, por no tener espacios propios, que se alejan de la zona de los usuarios, que a veces no logran llegar por dificultades en la autonomía y otras porque no cuentan con el dinero para pagar el colectivo. Usuarios que interrumpen su adherencia por ser desalojados de su vivienda porque el Estado no cumple su compromiso a través de otras políticas. Esto desencadena angustia y preocupación donde los equipos de salud mental se ocupan de darle continuidad y de intervenir en la crisis habitacional. Entonces, los dispositivos están atravesados por la necesidad de construir con otros programas, que también son desintegrados y abandonados, consumando a través del abandono de “lo” público, el arrasamiento a la comunidad.

¿Se le cuestiona a la ley la imposibilidad de internar a una persona en contra de su voluntad?

–Es uno de los aspectos que más se ha cuestionado, en principio porque se ha desinformado diciendo que la “ley no permite internar”. La ley permite la internación como último recurso, como estrategia de cuidado. Y apenas se decide, se piensa en la externación a través de fortalecer las redes de apoyo. Más allá de que las redes de apoyo que articulan los servicios están arrasadas, también lo está la red de apoyo de la persona. Porque algo que sabemos es que la salud mental se ve atravesada por todas las condiciones de vida. Estamos en momentos cada vez más precarizados, con demanda de la productividad centralizada, y el empuje a las salidas individuales. Entonces, si no hay redes, es esperable que se demande una internación, porque se piensa como una medida de protección, pero hay que insistir en que es una respuesta que retrocede, que saca el problema de la vista y además contribuye a dejar intactos los condicionantes de vida que producen malestar.

¿Esta reforma es un modo de reforzar la exclusión de las personas históricamente excluidas? 

–Es una forma de re instalar que quien no se adapta no sirve, pero sobre todo, que no nos vamos a meter con la forma de vida contemporánea que necesita una persona sobreadaptada, productiva e individualista. Por ejemplo, si se tiene ansiedad o estrés, se medica, no se pregunta qué genera esa sintomatología, y mucho menos se entiende que tres trabajos diarios le generaría estrés a cualquier persona. Porque si entendemos eso tenemos que preguntarnos por qué necesitamos tres trabajos, y eso nos lleva a preguntarnos acerca de los salarios, las posibilidades de acceso a la educación, la vivienda, la salud, que hacen que tengamos que generar más ingreso para garantizarlas y el tiempo de ocio que nos permite salir de la supervivencia, donde se pone en juego quienes somos, el deseo, el aburrimiento que genera un movimiento para jugar la singularidad. Está claro que nada de esto es lo que quieren los gobiernos actuales con una marcada lógica fascista.

¿Qué significa que el proyecto retorne al modelo de la judicialización del padecimiento psíquico llamado como “trastornos mentales”? 

-Básicamente, volvemos a la idea estrictamente biomédica, el trastorno es definido como una alteración, disfunción o anomalía en el funcionamiento físico o mental, en una persona, que le genera un malestar significativo o incapacidad en su vida cotidiana. Se caracteriza por una sintomatología  “desadaptativa» (emocionales, cognitivos o de comportamiento), sin una causa única clara, diferenciándose de una enfermedad por ser más una descripción de síntomas que un diagnóstico etiológico definitivo. Entonces, cuando decimos “trastornos” se borra  la perspectiva del padecimiento que establece que la salud se concreta garantizando los derechos humanos, y para esa concreción hace falta problematizar  si las formas de vida nos producen una “sintomatología desadaptativa” e intentar intervenir en ellas, no en la persona. Por ejemplo, esta semana escuché en consultorio angustia generalizada en personas con formatos de trabajo “independiente” que no saben si van a llegar a fin de mes,  pero en lugar de preguntarse por la economía general, por el contexto global, se culpan por no “hacer lo suficiente”. Es decir la definición de salud que adopta un Estado genera en la población una subjetividad que individualiza el malestar, sin que nadie se incomode lo suficiente con la estructura y, en el mejor de los casos, se movilice a cambiarla. Es perfecto el plan, ¿no?  

Le preguntaría a los impulsores de la modificación en qué marcador biológico están los derechos humanos.

¿Cómo afecta a todo esto la desinversión que viene padeciendo el área de salud mental en todos estos años?

–El ahorcamiento en salud mental provocó que muchos programas se desarmen. Tampoco se proponen nuevos, los salarios son bajísimos, y hace que los que tienen una posibilidad en el sector privado se vayan. Los que quedan se ven con la presión de cubrir los turnos, se genera cansancio acumulado y una perspectiva de desesperanza con el futuro de la salud mental en general. La atención depende de la capacidad individual de las y los trabajadores, entonces, se traduce a menor capacidad de atención y esto ha generado una percepción negativa de los servicios públicos. Entonces, la población que todavía puede acceder al sector privado lo hace, y esto afianza la experiencia de que la salud mental no se encuentra en el sector público.

Esto va en línea con la subjetividad neoliberal que, a través de sus gobiernos, retrocede con las políticas que sostienen el compromiso de la democracia y los derechos humanos. Cada vez que vuelven los gobiernos neoliberales, se traslada la atención al sector privado, haciéndolo crecer,  y el acceso a los derechos se traduce en “servicios”. La calidad del “servicio” al que se accede dependerá de la economía personal y a su vez, la economía personal dependerá de esforzarse, y de “emprender en los tiempos libres”. Esto rompe el pacto de protección del Estado, y el riesgo de la vida se traslada a cada uno de nosotros. La capacidad de responder más o menos adaptativamente (recordemos que “desadaptarse” sería considerado un “trastorno”) es interpretado como un logro individual.

La demanda de productividad es una trampa entonces…

-La sintomatología desadaptativa crece junto a la demanda de la productividad, mientras se pierden los accesos a las regulaciones y tramitaciones libidinales que traen, por ejemplo, la creación, la afectividad dentro de los vínculos, la posibilidad de descansar. Se desfinancia la salud mental, la cultura, los deportes, se rompen los espacios de encuentro, y se cambian las leyes para legitimar un campo laboral sin límites en su demanda, legalizando la desprotección frente a la enfermedad, la licencias que permiten acompañar a la familia o transitar los nacimientos y los duelos, se limita el derecho al ocio, las vacaciones y todo aquello que no tenga que ver con producir para la empresa. Fijate que impacta en todo lo que podría definirnos como seres humanos: el riesgo de la vida, el ocio, la sociabilización. 

Y produce angustia y padecer de vivir.

-Estas modificaciones no son aisladas, están todas entramadas para generar una persona reducida en su dignidad humana, pensamos en sobrevivir, como los animales. Todo esto produce padecimiento, perfectamente traducible al “trastorno”. ¿Se ve por qué esta modificación de la ley de salud mental va en línea con la reforma laboral? La desadaptación se nomencla como trastorno, entonces todo aquel que no se adapte a las exigencias del mundo laboral puede ser medicado o tratado de forma individual. Se insiste en lo que enseña la perspectiva foucaultiana sobre medicalizar la vida. Sacamos la mirada de los condicionamientos sociales de la salud para dejarlos intactos. El Estado produce el sujeto que necesita a través de una ignorancia planificada que garantiza las condiciones para que se desarrolle el plan capitalista, extractivista y voraz, sin que nos demos cuenta. 

Este es el movimiento que queremos develar para que podamos intervenir de forma radical.

Actualmente se trabaja con el horizonte de trabajo puesto en la externación, ¿que sucedería si esto da marcha atrás? 

–Básicamente se abandonarían las intervenciones en el contexto de las personas, son ellas las que conocen sobre su padecimiento pero también, sobre sus posibilidades de bienestar. Indudablemente se estaría fortaleciendo la asimetría y la acumulación de poder donde el profesional es el que sabe sobre la salud de una persona y su comunidad a partir de los trastornos que clasifica. Se generaría, así, nuevamente una institucionalización, y dentro del hospital o la clínica de salud mental sería donde encontraríamos “alivio”. Y la acción intersectorial, fundamental para construir redes de apoyo con las instituciones que participan de la vida, se terminará de fracturar. 

.

Parecería que se trata de una reforma redactada sin las voces de profesionales y de organizaciones de usuarios, ¿verdad?

–Argumentan que este cambio es a partir de los que se escucha sobre la salud mental. Sabemos que las instancias de diálogo y debate que pide cualquier Estado que se quiera pensar como democrático no existieron. Esto nos permite leer que la voz de usuarios, de trabajadores y de  decisores provinciales en la gestión de las políticas de la salud mental no cuenta como un saber legítimo. Y que se están defendiendo otros intereses en esta modificación que también tienen que ver con la empresas de salud y el circuito farmacéutico.

¿De qué modos atiende la ley actual los problemas de la población adolescente (depresión, autolesiones, suicidios, por ejemplo) y qué riesgos de estigmatizaciones se corren con las reformas propuestas?

–La ley establece las condiciones para la salud mental de toda la población, incluyendo a los adolescentes. Luego debe traducirse en políticas públicas, y luego, en programas que permitan la planificación en función de una lectura epidemiológica en salud mental, que permita conocer los problemas actuales para generar atención y realizar una lectura anticipatoria que permita la promoción y la prevención. Como contamos, todo esto está desfinanciado, la investigación y la planificación, no son la excepción. Muchas provincias y municipios sostienen programas que producen salud y apropiación de los pibes, pero están en su mayoría, sostenidos por la sociedad civil, los usuarios, la familia y los trabajadores de la salud mental que no claudicamos nuestra militancia. Todo este contexto nos vuelve susceptibles a la estigmatización, a la segregación y al tratamiento individualizado de los padecimientos. Rompiendo con el mayor acto de salud mental que conocemos: encontrarnos con otros en nuestro sufrimiento y producir formas de reparación, sostén y cuidado. 

Yanela Duimich publicó la novela “De amores, de bordes y de límites”, Letra Viva, 2025