Por Laura Rosso.-

El lunes 18 de mayo comenzó el juicio por el brutal ataque ocurrido hace dos años -en mayo de 2024- en una pensión del barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, y que terminó con el lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y el intento de lesbicidio contra la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos. Es una causa clave contra los crímenes de odio, que tiene como único imputado a Fernando Justo Barrientos, el vecino que prendió fuego intencionalmente la habitación donde vivían, arrojando una bomba molotov.

Samantha Pedrozo, abogada de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que representa a una de las querellas, conversó con Melina Fit y Emiliana Cortona en el programa de radio Dementes, sobre la importancia jurídica de este proceso. Pedrozo destacó: “Este ataque no fue un hecho aislado. Fue un ataque directo contra un proyecto de vida, contra la posibilidad de existir y vivir día a día como lesbianas. Barrientos no solamente fue contra ellas sino contra todo un colectivo”. La abogada también señaló que se logró el reconocimiento explícito del contexto de discriminación y odio motivado por la orientación sexual de las víctimas. 

Una querella histórica

Tanto la fiscalía como las tres querellas que representan a las víctimas coinciden en que es un delito de lesbicidio, motivado por el odio y la discriminación a su identidad sexual. “No hay un precedente de estas características”, subrayó Pedrozo durante la entrevista. Esta es la primera vez que la Federación interviene como querella en un proceso. Si bien la FALGTB siempre estuvo en procesos judiciales, acompañando, presentando informes, escritos y en carácter de amicus curiae, esta vez es diferente: “Cuando ocurrió este hecho de Barracas, sucedió que desde la Federación estuvimos acompañando a las víctimas. Cuando fallecen las tres chicas, y la investigación judicial se torna más grande, empezamos a pensar en la idea de sumarnos como querella. Sabíamos que iba a ser difícil, principalmente porque el hecho no empezó siendo investigado como un crimen de odio, sino como un hecho aislado, un vecino que de repente, sin ningún motivo prende fuego la habitación de un hotel. De hecho, -contó la abogada- la primera calificación por la cual lo indagan, es la de utilizar un medio para generar peligro común. No fue contextualizado. Eso fue lo que hizo el juzgado de instrucción los primeros meses”. 

Por eso, Pedrozo subrayó que la intervención de la Federación como querella es histórica, porque es la primera vez que participa directamente en un proceso penal formulando una acusación. Esto representa un avance en el sistema penal argentino, que históricamente ha sido machista y conservador. “El valor de esta representación está justamente en la colectividad. Como abogada especialista en violencia de género, en delitos sexuales, en diversidad, siempre digo que el sistema penal argentino fue escrito por hombres y está marcado por una tradición machista, conservadora y moralista. Está diseñado para tratar los hechos de manera aislada. Lo que no hacen es analizar el impacto que genera. Entonces es importante que la Federación tenga voz en este juicio, que pueda acusar y que pueda pedir una pena de perpetua, porque lo que hizo Justo Barrientos con estas cuatro chicas no fue solamente contra ellas, fue contra todo un colectivo, fue contra una forma de llevar la vida adelante. Entonces, así como estas chicas, hay muchas lesbianas que vivimos nuestra vida y queremos que no nos ataquen, que no nos persigan y que no nos maten”, remarcó.

El odio como motivador del lesbicidio

Pedrozo explicó que las cuatro acusaciones -Ministerio Público Fiscal y las tres querellas- van en el mismo sentido: “La hipótesis es que Fernando Justo Barrientos tenía conflictos previos con las víctimas, por su condición de mujeres y lesbianas, las hostigaba, incluso habría intentado abusar sexualmente de una de ellas. Se habló de acosos y tentativas de abusos sexuales y que en el contexto de esa resistencia a sus maltratos y acosos, éste las tomó por sorpresa cuando estaban durmiendo y las prendió fuego. De hecho, está acreditado en el expediente y se va a acreditar en el juicio porque hay testigos de la pensión que vieron que cuando Justo Barrientos inicia el incendio y las chicas quieren escapar de toda esa situación caótica y estaban prendidas fuego, interceptó a una de ellas, la tiró al piso, la golpeó y después la volvió a empujar hacia el fuego. Es decir, se nota el odio que él tenía y la decisión de eliminarlas. Así que la teoría que manejamos las acusaciones es la misma”.

Un conjunto posible de víctimas 

Sobre el rol que ocupan las organizaciones feministas, Pedrozo dijo: “Es fundamental la visibilización y que la justicia sepa que no es solamente una víctima, sino que es un conjunto de posibles víctimas. Que se sepa que un sector de la sociedad fue afectado por este hecho y que está esperando cierta resolución para poder vivir mejor, para poder vivir sin miedo. Y que pueda servir de trampolín a otros casos, como sucedió con la tentativa de lesbicidio en Cañuelas”. Pedrozo también es abogada en ese caso en el que las víctimas sobrevivieron de milagro. “Entonces, en caso de lograrlo, va a servir el precedente de Barracas para tener herramientas jurídicas en casos futuros”, apuntó.

El viernes 22 de mayo, declararon dos policías. Ahora sigue la producción de la prueba. Pedrozo señaló que el análisis que hace es positivo, que el caso cobró relevancia mediática, que el tribunal es bastante organizado y que se logró la transmisión del juicio: “Eso nos pareció un gran avance, porque al existir este interés colectivo de fondo es importante que la sociedad pueda hacer ese control de cómo se lleva adelante el juicio”, dijo. 

Hasta el  momento, se llevaron a cabo las primeras jornadas de declaración los días 18 y 22 de mayo. El acusado, que se encuentra con prisión preventiva, se negó a declarar. Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente, es una testiga clave en la causa y pide la máxima pena para Barrientos. El proceso va a continuar durante junio y julio -aún faltan declarar 48 personas- con el acompañamiento de organizaciones sociales y colectivos LGBTIQ+ que se movilizan hasta las puertas del tribunal.