Octubre trajo denuncias por acoso y abuso sexual contra dos funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez; la primera contra Adrián Urrutia, por entonces Subsecretario de Diversidad y la segunda, contra Ernesto Seguel, quien ocupara hasta ayer el cargo de Subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén.

Octubre trajo las renuncias de ambos. También trajo el silencio hermético del gobernador. Entendemos que esas renuncias lejos están de ser meros hechos individuales del orden privado. Son políticas, como lo son los acosos y los abusos sexuales. Sospechamos que son acordadas en esos cónclaves donde se sellan pactos para que estos develamientos salpiquen lo menos posible. Las renuncias pueden ser vistas como salidas un tanto desesperadas a los repudios -cada vez más extendidos- que estos delitos cosechan en una sociedad donde los discursos, los argumentos y las prácticas feministas vinieron para quedarse y para seguir poniendo todo en entredicho.

Octubre no trajo los sumarios administrativos en los lugares de trabajo para que de inmediato las investigaciones avancen.

Octubre no trajo el pedido de renuncias a los funcionarios por parte del gobernador. ¿Tiene el mismo peso que quien los nombró parte de su equipo les solicite la renuncia, a que estas se presenten públicamente como una decisión personal? ¿Cuánto se interpelaría a la cultura de la violencia, el acoso y el abuso sexual si desde quienes conducen y gobiernan hablan, dicen, se comprometen con actos pedagógicos de este tenor?

Octubre no trajo hasta acá una disculpa pública para con les y las denunciantes de parte del gobierno de la provincia de Neuquén. Una disculpa pública que sirva simbólicamente como acto reparatorio. Que instale límites.

Octubre traerá un protocolo de actuación ante estos delitos en ámbitos de la administración pública de la provincia, según se anunció en el día de ayer. Habrá que leer su letra para opinar responsablemente sobre el mismo y desconfiar un poco de los tonos rimbombantes con que seguro de presentará. Un protocolo puede señalar rutas de cómo hacer y traer cierta tranquilidad. Sin embargo, no hay protocolo que alcance sin políticas sostenidas, sistemáticas y con presupuestos adecuados.

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¿Qué les da renunciar a quiénes ocupan cargos como funcionarios públicos?

Les da la posibilidad de huir de la investigación que se debe realizar si se sustanciara el sumario administrativo, el cual debió instruirse de forma inmediata por parte de las autoridades de cada Ministerio. Aunque parezca paradójico, al renunciar se niegan a sí mismos el derecho a la defensa. Ese derecho que supuestamente negaríamos quienes solicitamos este tipo de medidas, según comentan mensajeros del orden sexista instalados en algunos medios de comunicación.

¿Renunciar para huir de la investigación confirma la culpabilidad de los denunciados? ¿Evitar esa investigación es parte de los artilugios patriarcales? ¿Qué ocurre si las personas que denuncian no lo hacen en el fuero penal? En ese caso, los denunciados no van a ser investigados. Denunciar penalmente este tipo de delitos -cuando se tienen 18 años o más- es un derecho de quienes fueron víctimas. No una obligación.

¿Y qué les quita renunciar?

Les quita poder. Sí, poder. Ese poder del que ya no gozarán porque la memoria también es feminista.

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Octubre trajo denuncias, trajo renuncias y quitó poder. El poder de acosar y abusar, entre muchos otros. Octubre confirmó que el acoso sexual tiene expresiones y tolerancias por demás naturalizadas y enmarañadas, se despliega en un ir y venir interminable, a veces por la fuerza; otras, de manera sutil y persistente. Agrede, confunde, intimida, avasalla, avergüenza, atemoriza. También confirmó que cada vez somos más para escucharnos, acompañarnos y cuidarnos.

Octubre confirmó que no todo es para siempre. ¡Van a caer!

Angie Acosta Meza y Ruth Zurbriggen
Por Socorro Violeta y La Revuelta
-Neuquén- 27 de octubre de 2022