Trabajadoras de distintos sectores del Poder Judicial de Neuquén denunciaron en La Revuelta y en el espacio Socorro Violeta, haber recibido en sus mails certificados de aprobación de un taller en perspectiva de género del que no participaron.

Según el certificado dicho taller se encuadra en el cumplimiento de la Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, algunos refieren que se desarrolló el 2 de diciembre y otros el 23 diciembre de 2020.

Las trabajadoras aseguran que lo recibieron en sus mails laborales desde un mail institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante este mes de febrero. Los mismos llevan el logo de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Neuquén y de la CSJN y tienen una leyenda que dice expedido en Neuquén. Desde La Revuelta y Socorro Violeta constataron que les llegaron a trabajadoras y trabajadores de distintas localidades de la provincia. 

«A varias nos llegó ese certificado y claro que no lo hicimos, porque ni siquiera nos convocaron a que lo hagamos, una truchada total», afirmó una de las personas que denunció la situación. «Es vergonzoso que nos manden esto, está claro que no les importa nada, deben pensar que son temas menores, porque como menores tratan a las mujeres en la justicia», relató otra de las denunciantes. «Se burlan de la Ley Micaela», indicaron indignadas.

En cuanto a las justificaciones una de las trabajadoras sostuvo que «escribí a la Oficina de la Mujer y me respondieron el mail diciendo que yo había participado de un Curso de Perspectiva de Género que hicieron en el 2017 y por esa razón estaba acreditada la capacitación en Ley Micaela». La Ley se aprobó el 19 de diciembre de 2018. «Seguro dirán fue un error de sistema, porque para excusarse son especiales, acá no hay errores, hay interés en inflar estadísticas para la tribuna», remarcó.

La Revuelta y el espacio Socorro Violeta Violeta (de asesoramiento y acompañamiento integral en temas de violencias sexistas) emitieron un comunicado alertando sobre la situación y anunciando que solicitarán un urgente pedido de informe a la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia para que dé cuenta de la situación, aclare cuántos certificados emitió, a quiénes y qué contenidos se trabajaron para expedir dichos certificados.  

«Aún no salimos del espanto y la indignación por los femicidios de Guadalupe y Úrsula. Porque sabemos que se podrían haber evitado. Porque indignan por la brutalidad y la impunidad con la que se manejaron sus asesinos y también indignan por la responsabilidad y complicidad del sistema judicial patriarcal. En medio de la rabia y el dolor recibimos la denuncia por parte de estas trabajadoras. Pareciera que hecha la Ley (Micaela), implementada la trampa. Esta vez la estafa con los certificados es organizada desde estructuras del Poder Judicial que estimamos sólo buscan dar cuenta a sus organismos de control que cumplieron con compromisos asumidos y que las estadísticas les cierran. Es un plan organizado y certificado. Es un plan al que poco le importa el daño y el sufrimiento que causan sus injusticias sistemáticas», destacaron desde la colectiva feminista.

Además, agregaron que «esta acción pública es necesaria: por la memoria de Micaela y de tantas otras y otres. Es necesaria para que sepan que muchas trabajadoras no se callan más. El acto de certificar cursos que no se dieron o que se desarrollaron en otras fechas constituiría un delito».